– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Salón Illia
del H. Senado de la Nación, a las 13 horas del martes 18 de
noviembre de 2014:
Locutor.- Le damos la bienvenida al señor presidente de la Cámara de Diputados de la
Nación, doctor Julián Domínguez. (Aplausos.)
Damos comienzo, entonces, agradeciendo también la participación de todos en esta
invitación que ha cursado la señora senadora nacional, Norma Morandini, como presidenta de
la Comisión de Población y Desarrollo Humano, jornada que se realiza en el marco del 25º
aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, “Diálogo sobre el Fortalecimiento
Nacional y Regional del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”.
Van a acompañar en el estrado el presidente de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez
y Adolescencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, ingeniero Felipe Solá, a
quien también estamos aguardando; la presidenta del Observatorio de Derechos Humanos y
Género de los bloques legislativos de la Unión Cívica Radical, la doctora María Luisa
Storani, y la representante del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, profesora
Nora Pulido.
De la misma forma, agradecemos la presencia y participación de la diputada nacional
Gabriela Troiano; la señora directora del Observatorio de Derechos Humanos del Honorable
Senado de la Nación, senadora, mandato cumplido, Elena Corregido; la senadora, también
mandato cumplido, Silvia Giusti; a los señores legisladores del orden nacional y provincial
que están participando en esta oportunidad, a los titulares y representantes de las distintas
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que están acompañando esta jornada –
como reiterábamos– en el 25º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Entre las adhesiones también hay que mencionar la de Ana Carla Carrizo, como
diputada nacional; la de Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional
Argentina, como así también la del abogado Albor Cantard, rector de la Universidad Nacional
del Litoral. A todos el agradecimiento y oportunamente, desde el despacho de la señora
senadora Morandini, se van a responder por correo las adhesiones que han llegado.
Dicho esto, invitamos a hacer uso de la palabra al señor presidente de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, doctor Julián Domínguez.
Sr. Domínguez.- Muchísimas gracias por invitarnos a compartir con ustedes la celebración
de los 25 años de la Convención de los Derechos del Niño.
Muchísimas gracias a la senadora, a la fundación y a María Luisa, con quien hemos
trabajado en la Cámara de Diputados. Siempre ha estado al frente de los temas que
vinculaban a los vulnerables y mi reconocimiento a ese compromiso social permanente que
dejó una impronta en la Cámara, que se hace extrañar. La verdad es que se extraña. Se extraña
esa impronta social que siempre tenía una mirada por lo que faltaba. Muchísimas gracias por
permitirme compartir con ustedes los 25 años.
Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1989 aprobó el texto
de la Convención sobre los Derechos del Niño, luego de diez años de arduas tareas de
elaboración, quedó consagrado un nuevo instrumento jurídico internacional en materia de
derechos humanos, concentrados por primera vez sobre los niños y adolescentes.
Nuestro país, como gran parte de América Latina, fue un actor importante en el tramo
final de la preparación, logrando incluir en las disposiciones componentes de gran
trascendencia, como el derecho a la identidad, artículos 7 y 8, o lo referido a los derechos
sociales, económicos y culturales, artículo 4.
Nuestro Parlamento ratificó la Convención por la ley 23.849 en el año 1990 y, "2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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posteriormente, fue incorporada a la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22) en las
condiciones de su vigencia. Paradójicamente a este paso fundamental en la responsabilidad de
los estados respecto de garantizar los derechos consagrados, en paralelo se define el modelo
neoliberal a través del Consenso de Washington, lo cual puso en tensión de aplicación la
política con enfoque de derechos e, incluso, muchos países concentraron sus actividades en
las reformas legislativas, sin avanzar en las transformaciones políticas planteadas por la
Convención.
Nuestro país en particular y los movimientos sociales fueron muy activos y sólo
aceptaron contar con una nueva legislación en el año 2005 en el contexto de un proyecto
político de inclusión social, de reparación y de restitución de derechos, ley de educación y
asignación universal por hijo.
Por supuesto, tenemos por delante nuevos desafíos y la voluntad política, como
Parlamento, de avanzar en el cumplimiento pleno de la Convención, junto a la inquebrantable
decisión de nuestro pueblo de brindar a los niños y adolescentes la certeza de una sociedad
más justa e inclusiva.
La Convención de los Derechos del Niño es una interpelación permanente por las
asignaturas pendientes que tenemos como sociedad.
Es oportuno celebrar el triunfo de muchas luchas, de muchos sueños a través de la
Convención. Pero hoy la sociedad del año 2014 y 2015 nos plantea nuevos desafíos y lejos de
ser los 25 años un punto de llegada, es un nuevo punto de partida para la dirigencia política en
su conjunto, no de un partido político, sino para la dirigencia con responsabilidad
parlamentaria, porque la sociedad que decimos por la cual luchamos, la sociedad que decimos
que creemos que es la mejor para el pueblo argentino, si no tiene niños y adolescentes que
puedan realizarse en la vigencia plena de sus derechos, habrá algo que nos está faltando y
algo con lo cual estaremos incumpliendo.
Por lo tanto, agradezco muchísimo este espacio de encuentro, de valorización de lo
hecho y logrado, pero también de convocatoria a nuevos desafíos, para que cada vez que
celebremos un nuevo aniversario de la Convención también conmemoremos el cumplimiento
de las metas que nos hemos propuesto.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
- Ingresa en el salón el señor diputado Felipe Solá.
Locutor.- El agradecimiento al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación, doctor Julián Domínguez por esta participación y apertura.
Lo acompañamos también, porque sabemos que tiene que cumplir con su agenda
oficial, con nuestro aplauso en el desplazamiento. Gracias. (Aplausos.)
- Se retira del salón el señor presidente de la Cámara de Diputados de
la Nación, doctor Julián Domínguez.
Locutor.- Le pedimos, entonces, la palabra a la señora presidenta de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación,
senadora nacional Norma Morandini.
Sra. Presidenta (Morandini).- Buenos días y muchísimas gracias por estar aquí.
Quiero darles la bienvenida como la presidenta de la Comisión de Población y
Desarrollo Humano.
Brevemente, deseo realizar algunas consideraciones, tomando lo que decía el
presidente de la Cámara de Diputados con relación a la interpelación y a lo que
conmemoramos.
Conmemoramos un instrumento de avance de consagración de derechos humanos;
pero todos los instrumentos de derechos humanos tienen una contracara, que es el horror que "2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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lleva a que los hombres sensatos del mundo tengan que establecer principios de derechos
humanos. Esto se ve claro con el nazismo. El nazismo le dio a la humanidad una ley de
utopía, como es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. La dictadura
argentina, paradójicamente, nos ha dado a los argentinos una idea de derecho que era ajena a
nuestra tradición política. De modo que tenemos que conmemorar que tenemos un
instrumento de avance, siempre por esa también maravilla de sensatez que tuvieron los
constituyentes del 94, de darle jerarquía constitucional a los avances que habían hecho otras
sociedades más desarrolladas que nosotros.
Nosotros tenemos instrumentos legislativos, jurídicos, pero yo creo que lo que nos
falta profundamente es que pongamos, que encarnemos, que el Estado encarne todo eso. No
se los voy a decir a ustedes, que son los que impulsan, los que desde la organización civil nos
increpan y nos muestran todo lo que nos falta. Lo que nos falta es claro –ya se ha señalado–:
en la Argentina siempre somos los primeros en firmar, pero después no somos siempre los
que cumplimos con todo aquello con lo que nos comprometemos. Y en base a lo que nos
hemos comprometido, ya tendríamos que tener en este marco, en este Congreso, al defensor
de los niños. Ya tenemos las resoluciones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de
Senadores para que se cree la bicameral, que es que la va a tener que designar al defensor del
niño. De modo que tenemos para celebrar y conmemorar, pero también tenemos lo que nos
está faltando, es decir, cumplir efectivamente con lo que son compromisos internacionales,
pero sobre todo compromisos con nosotros mismos.
Tenemos 25 años. 25 años es la edad que tienen esos niños que hemos visto crecer
ante nuestros ojos. 25 años atrás empezó a aparecer algo que no habíamos visto, que veíamos
en otros países, que eran estos niños en la calle. Primero, les tuvimos compasión; después, los
hemos visto crecer cambiando monedas por limpiar los parabrisas, hemos visto cómo se les
cierran los vidrios a los automóviles; y hoy tenemos miedo de que nos saquen la navaja. De
modo que no hace falta poner cifras ni estadísticas ni nada para ver algo que se ha ido
procesando ante nuestros ojos. Hace muy poquito, un niño en la calle, pidiéndome una
moneda, me dijo: "Doña, soy un pobre". Entonces, ¿qué hemos hecho como sociedad para
que la pobreza sea una identidad? La pobreza es una tragedia, no una identidad.
De modo que no hay demasiado de mi parte. Quiero compartir con ustedes lo que es
una reflexión, un dolor y lo que se dijo antes como interpelación; y agradecerles a todos los
que están acá, que siempre somos los mismos, por el compromiso que tienen y que sigan
trabajando. Ojalá –no sé cómo decirlo, no me gusta la palabra– haya muchas María Luisa
Storani, que, viniendo de la sociedad civil, después pueden venir a batallar dentro del
Parlamento para que podamos hacer efectivos todos estos instrumentos, que son
efectivamente instrumentos de consagración de derechos.
Que tengamos una buena jornada. Gracias y buen trabajo. (Aplausos.)
Locutor.- Después van a estar en el uso de la palabra el ingeniero Felipe Solá, la doctora
María Luisa Storani y la profesora Nora Pulido. Vamos, entonces, en este orden.
En primer lugar, presentamos al señor presidente de la Comisión de Familia, Mujer,
Niñez y Adolescencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, ingeniero Felipe
Solá.
Sr. Solá.- Muchas gracias. A mí, desde joven, me convenció la idea de que cuando uno habla
frente a los demás, tiene que subir a un púlpito para que lo vean. En respeto a mis
compañeras, que están hablando desde acá, voy a hablar desde acá. Pero siempre subo –es mi
consejo–, para que se vea más.
Efectivamente, hay una distancia del dicho al hecho. Hay una gran distancia de la ley
a la conciencia, y de la conciencia a lo concreto, que sería a los servicios concretos locales. "2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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Estamos totalmente en falta en ese sentido.
La ley, en el 90, se reconoce en la legislación argentina; pero en el 94 se incorpora al
artículo 75. Después, se quedan todos tranquilos, o nos quedamos.
El tiempo sigue. La convención reconoce y se anticipa, desde el punto de vista de la
legislación mundial, a problemas y situaciones que se están dando en todos lados y que se dan
en la Argentina con más fuerza, que se daban en la Argentina, porque no por algo hay una
frase doctrinaria, es decir, una frase que pretende no ser ideológica, sino traspasar las
ideologías e ir más allá, de Perón, que es que los únicos privilegiados son los niños. No es
una mala frase; es muy buena, porque si bien al principio significaba una frase muy peronista,
en realidad es una frase de alta conciencia.
Ahora, nosotros hemos dado una lucha importante en la provincia de Buenos Aires,
que yo recuerdo –acá está Cristina Tabolaro, que fue durante muchos años la subsecretaria del
menor–, contra la mirada judicializante. Primero, una ley, en el año 2000, la 12.607, de
Protección Integral de los Derechos del Niño y del Joven. La procuración fiscal, la
procuración de la Suprema Corte, dijo que era inconstitucional con un recurso, y la Corte la
suspendió al año siguiente, en 2001. Y la justicia, cómoda, tranquila. Estaba suspendida y
seguía el patronato.
En 2002, yo dije: esto no basta; seguir con el tema procesal es absurdo. Lo que hay
que hacer es poner en práctica lo que decía esa ley y lo que nosotros pensamos. Ir
reemplazando, en lo posible, con una actitud proactiva, la actitud mental que terminaba en el
patronato, en la judicialización rápida, inmediata, antes que en un Estado cálido, amoroso y
protectivo; mucho antes. Nosotros, además de defender la legitimidad, dijimos: eso no basta.
Contra cierta actitud corporativa, la posible mejora de la sociedad en un aspecto central como
es defender a los niños, niñas y adolescentes, limita una potencialidad corporativa, una
función corporativa, enseguida generaba un resquemor desde: "¿Cómo, y nosotros dónde
quedamos?" ¿Y los millones de niños dónde quedan o cómo están?
Esto hay que recordarlo, porque tenemos fallas los tres poderes. Y el poder más
alejado tal vez sea el nuestro, porque nosotros hacemos leyes para que las cumplan otros.
Recogemos las demandas, las debatimos y hacemos leyes, si podemos, si nos dejan, para que
las cumplan otros; lo cual no nos quita responsabilidad, porque somos representantes del
pueblo y, por lo tanto, también de los niños. Los tres poderes tienen responsabilidad: uno,
todos los días, que es el Ejecutivo; otro, a cada rato le llevan el problema, que es el Judicial, y
nosotros, que tendríamos que influir localmente, sobre todo.
La siguiente ley, que fue la de diciembre de 2004 –Promoción Integral de los
Derechos del Niño, la 13.298, provincial– nos llevó a poder tener una actitud proactiva.
También tuvo una cautelar, a veinticuatro horas de ser promulgada, pero ahí ya nosotros
estábamos muy metidos en el tema y combatíamos en el único lugar posible, que no era el de
las leyes, sino el del terreno. ¿Qué había que hacer? Había que descentralizar plata. Había que
darle vida a los lugares donde se pudiera proteger al niño, descentralizando recursos. ¿A
dónde? A los municipios. No hay magia en esto. ¿Qué había que tener, además? Conseguir
que intendentes y secretarios respectivos de la intendencia tuvieran la misma mentalidad –por
lo menos al nivel de los secretarios, que son los que influirían teóricamente sobre el
intendente– que tenía Cristina Tabolaro, que sabía muchísimo más que yo de esto, pero me
convencía de cuál era la base del tema, las bases ideológicas, y de ahí la necesidad de práctica
concreta. Entonces, ella me influía a mí; había que conseguir que también fueran influidos
intendentes y otros, y poner en marcha un sistema diferente. Los cambios que abordaban eran
cambios de todos: cambios personales, familiares y comunitarios e institucionales y también
cuál era el rol de los municipios y cuál era el rol de las organizaciones que más se movían. Un "2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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rol para cada uno: el Estado solo, podía o no sabía y ustedes sabían pero no podían; podían
menos.
Eso sigue estando exactamente vigente, en el 2005 hubo una ley nacional que fue muy
importante y nos colocó a todos en todo el país sin exclusiones en la obligación de cambiar.
25 años y 9 años después de la sanción de la ley nacional dijimos que había que seguir
estimulando esta discusión en todos los ámbitos, incorporando otra gente: madres, padres,
hijos, hijos más grandes o lo que fuera. Incorporando a aquellos que tienen responsabilidad y
aprovechando un año electoral para incorporarlos, para hacer que asuman compromisos a
todos aquellos que van a buscar el voto, sobre todo. Reconocer que las transformaciones
fueron más profundas que lo que la sociedad en ese momento imaginaba o, por lo menos,
quienes estaban al frente de la sociedad en los tres poderes se imaginaban. La ley se adelantó
al cambio de mentalidad. Hay le leyes que veía ven después de un cambio de mentalidad. La
ley de 1989, la convención del 89, se adelanta. Tiene esa virtud y ese defecto: la virtud de
anticipar y el defecto de no seguir la costumbre, pero muchas veces no hay que seguir a la
costumbre.
Por supuesto, si pasan 15 años y la ley no se pone en práctica, la ley falló, pero este no
es el caso. Esto se empezó a mover conciencia, empezó a mover problemas y debates.
Tenemos que apreciar que hay nuevas construcciones e instituciones programas y que algo
hemos hecho y que algo ha pasado en la sociedad que es importante.
Los informes de las comisiones de seguimiento de Naciones Unidades, que son una
buena forma de medir cómo estamos trabajando, leerlos y saber qué dicen, admiten que en la
Argentina hay progresos importantes. Y después marcan lo no hecho. Yo creo que el avance
en la conciencia es muy fuerte. No sé si es tan fuerte como las cuestiones de género o la
violencia de género. Es un avance fuerte.
Les voy a dar un ejemplo práctico, si en un barrio con problemas de todo tipo, del
tercer cinturón del conurbano -esta es la experiencia propia, pero para cualquiera es válido-,
existen dos casos, uno es un caso de violencia familiar, el clásico de la mujer golpeada, las
cosas no ocurren como se cree acá, son mucho más difíciles de implementar a nivel policial,
judicial y a nivel familiar también.
Además hay inconvenientes logísticos importantes porque generalmente ocurre -no
solamente, porque no hay que estigmatizar- en zonas humildes, por lo tanto no hay mugar par
alojar a las madres, ni a los niños si hay que tomar medidas rápidas. Incluso, generalmente la
casa ha sido hecha por el hombre golpeador con sus manos y, por lo tanto, es muy difícil
decirle que deja de ser de él.
La reacción policial y la judicial ni por asomo, por lo menos en mi provincia, la
provincia de Buenos Aires, están a la altura de la velocidad, la conciencia y la precisión que
hay que tener, no lo están. De vez en cuando, cuando un juez o un o una fiscal proceden con
la velocidad necesaria decimos: qué maravilla, qué conciencia. En lugar es decir que una
mujer golpeada sea un número.
Ahora, si el golpeado es un niño, casos que también he atendido, la cosa es mucho
más compleja y complicada. Si el golpeado es el niño, el poder del padre o la madre o ambos
que golpean es muy superior para seguir haciéndolo que para hacerlo efectiva. Y el nivel de
conciencia de las autoridades, del Ejecutivo y del Poder Judicial es muchísimo menor o, por
lo menos, su operatividad es mucho menor.
Seguramente la mujer golpeada puede dejar de ser golpeada por un tiempo o, por lo
menos por esa persona, el niño golpeado es mucho más complicado. Del dicho al hecho hay
un enorme trecho. Quiero decirles que una de las cosas que dice el comité de los derechos del
niño de Naciones Unidas sobre nosotros es que faltan -después de reconocer varios "2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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instrumentos legales, porque si no uno se anula, parece que no pasó nada y que se anula; y no
hay que anularse de ninguna manera y pensar que uno viene a invitar la pólvora, para nada.
Cuando digo “esto pasa” lo digo y no me saco el sayo, porque yo fui gobernador hasta el 2007
o voy a creer que iba todo fenómeno hasta el 2007; no. Lo que pasa es que estos cambios de
conciencia se militan como la mayor parte de las leyes que hacen a lo social en la Argentina y
sirven o no se militan y no sirven.
No se cumplen regularmente, hay que militarlas que quiere decir enfrentar todo lo que
haya que enfrentar, cambiar la mentalidad y torcer la mentalidad que hay que torcer desde el
Estado hasta que las cosas se cumplan y ahí empiezan a ser costumbre, recién ahí empiezan a
parecerse a lo que debería ser una costumbre y no se la militó, por lo menos en los últimos
años. Hay un cambio de conciencia que tiene que ver con los cambios sociales en el mundo y
más en la Argentina.
Nos pide el Comité de los Derechos del Niño establecer un sistema de adopción
seguro. Nosotros no lo votamos por una cuestión procedimental pero hubiéramos votado esa
parte seguro. El Código Civil y Comercial Unificado tiene un título 6 que recoge una mirada
mucha más moderna y ágil sobre la cuestión de la adopción. Pero eso sí: hay que esperar
hasta el primero de enero de 2016 porque el oficialismo, que tiene la mayoría absoluta y
quórum propio, no quiere anticipar una ley que diga lo mismo que el Código, aunque sea y
aunque fuera corregible lo que dice ese Código y que diga lo mismo.
Con lo cual, estamos consagrando algo que ya se votó por mayoría y con lo que
estamos de acuerdo, aunque sea por unanimidad, y tengamos la ley un año antes para agilizar
la demora que tenemos en el proceso de adopción y para cambiar una mentalidad retrógrada
que hay que tiene explicación pero no justificación.
Uno puede entender cómo nació, pero lo que no puede es justificarlo. Es la idea de
que como lo último para mejorar o cambiar la situación de un niño y cumplir con lo que la
Constitución le asigna que es el derecho a crecer protegido, con amor y en una familia, si lo
último es la adopción debería funcionar muy bien el Estado para no llegar a lo último a la
mayor parte de los casos. Pero el Estado no hace eso. Cuando no hay otra salida,
generalmente por razones de violencia contra el niño o violencia en la casa que obviamente
lo violenta al niño, cuando no hay otra salida, generalmente, el niño va a una institución y le
saco el sombrero a las instituciones –a la mayoría de ellas- pero no es el lugar que asegura el
derecho que el Estado le concede.
Además, existe el problema de que los niños son elegibles -entre comillas-, con el
dolor que esto implica, entre ciertas edades. Después ya mucho menos. Eso es cruel. Pero la
demora en adoptar acentúa la crueldad. Y todavía existe la reminiscencia de ciertos jueces
que recuerda la apropiación cruel e indebida de los niños de la dictadura y que piensa que la
adopción se puede parecer a eso cuando se trata de un caso de niño abandonado o niño que no
puede seguir viviendo en su casa, niño rechazado, que sería el caso más sencillo porque los
padres lo entregan. Pero hay muchos casos que no son así y en los que está presenta la
pobreza y todos coincidimos con que la pobreza no debería ser causa de adopción y no
debería ser causa de adopción quiere decir que si podemos sacar a la familia de la pobreza,
entonces, que no haya adopción. Ahora, si vamos a esperar que el Estado saque a la familia de
la pobreza y los niños no puedan ser dados en adopción, aunque la pobreza sea la causa
última, si hay violencia, debe haber adopción. Y si hay duda debe haber adopción simple y no
plena hasta que no haya más dudas. Debe haber adopción, pero no la hay y no hay
justificativo para retrasar un año, habiendo 14.000 chicos en espera, esta decisión. No hay
justificativo y lo dejo claro.
Quiero decirles también que se nos reclama la figura del defensor del niño y que tanto "2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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el senador Morales en 2012, la diputada mandato cumplido María Luisa Storani en 2013 y la
diputada nacional Carla Carrizo en 2014 –a lo mejor me olvido de alguno– tienen
declaraciones en las cuales instan al Congreso a que cree la comisión bicameral y que la
comisión bicameral elija a un defensor y protector de niñas, niños y adolescentes, que dé un
informe anual, dé cuentas a este Congreso y que sea removible por esa comisión y por este
Congreso. De hecho, en 2010 hubo una solicitud expresa de cumplimiento de esa disposición
por parte de las Naciones Unidas y seguimos igual. Ahora, cuando se saca este tema en
reunión de asesores de la Comisión de Familia se molestan. La pregunta es ¿por qué se
molestan? ¿Por qué molestarse cuando se trata de algo tan sencillo como hacerlo?
Dejo la pregunta en el aire no para ser provocador sino porque se trata de una cuestión
absolutamente concreta. Nos piden esas dos cosas: adopción y el defensor. Y nos piden
además prohibir expresamente por ley en todas las provincias el castigo corporal y toda forma
de violencia contra los niños en todos los ámbitos, incluso en la familia, la escuela,
instituciones de protección y centros privados de libertad. Cuando hablamos de centros
privados de libertad estamos hablando de adolescentes; es decir, de algo que históricamente
da pavura, ¿no? Me refiero a cómo es un adolescente, generalmente rebelde y muy difícil, en
un centro privado de la libertad y cómo se maneja la violencia, que generalmente tiene dos
lados de violencia, pero uno es el Estado. Y para esto no hay justificativo, porque es como el
terrorismo de Estado.
Y nos piden además elaborar normas y orientaciones claras para el sector empresarial
con relación al respeto de los derechos del niño y la responsabilidad social y ambiental desde
una perspectiva de Derechos Humanos, por los efectos negativos de los productos
fitosanitarios y demás tóxicos utilizados en la agricultura, industria y en el hogar. La verdad
es que nunca pensé en la cuestión del hogar, pero lo cierto es que es un tema central a ser
tenido en cuenta y como agrónomo y exsecretario les voy a decir por qué.
La soja es tan exitosa que ya no hay quintas –quintas quiere decir huertas para todos
los que tenemos lenguaje viejo– alrededor de los pueblos porque, justamente, hay soja.
Entonces, hay fumigación de soja al lado de la calle donde empieza el pueblo. ¿Qué pueblo?
Ese pueblo próspero de la zona sojera, que es la inmensa región central pampa;
concretamente la pampa gringa, pero que va mucho más allá de la pampa gringa. Entonces, la
fumigación ocurre a diez metros de las primeras casas. Se han prohibido los clorados y
fosforados –porque los fosforados eran mortales con el solo contacto y los clorados podían
producir la muerte también– y quedan insecticidas que son leves. Esto, siempre y cuando se
cumpla con las leyes; si no, no son leves porque pueden provocar irritaciones, desmayos,
etcétera.
Estas son las cosas que yo quiero tener en cuenta como presidente de la Comisión de
Familia. Trato que la cuestión no sea nunca pelearse sino sacar adelante lo que se pueda y soy
plenamente consciente en nuestro déficit. Muchísimas gracias a todos. (Aplausos.)
Locutor.- Vamos a invitar a continuación a la presidenta del Observatorio de Derechos
Humanos y Género de los bloques legislativos de la Unión Cívica Radical, la doctora María
Luisa Storani.
Sra. Storani.- Buenas tardes a todas y a todos.
Agradezco a Norma Morandini, presidenta de la Comisión de Población del Senado;
al diputado Solá, presidente de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, y a Nora
Pulido por la posibilidad de estar aquí compartiendo esto con ustedes.
Han pasado veinticinco años de la Convención, pero no voy a redundar en lo que
significa porque hay muchísimas caras que están aquí presentes miembros de la sociedad civil
organizada que trabajaron arduamente todo ese proceso desde la aprobación de la Convención "2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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para cumplirlo en ley. Acá están presentes dos legisladoras, Laura Musa y María Elena
Nadeo, que trabajaron intensamente por tantos años, porque la Convención se aprobó en 1989
y fue incorporada a la Constitución en 1994, pero llegamos recién en 2006 a tener la ley
26.071. Creo que estos son procesos muy difíciles en la Argentina, pero qué buen trabajo el
de la sociedad civil organizada, que nos posibilitó poder conversar con los diputados, algunos
de cuales han estado muy interesados en poder sacar esta ley.
Tuvimos una muy buena ley. Incorporamos entre los derechos el derecho a la
identidad, el derecho del niño a ser oído, el concepto del interés superior del niño. Ahora, en
lo que hace a las políticas públicas específicas de cumplimiento –como acá se dijo– para que
efectivamente los niños tengan estos derechos aún hoy no las tenemos cumplidas. Aún hoy en
2014 tenemos grandes deudas.
Otra de las grandes deudas que tenemos en el debate –del que generalmente se huye–
es una ley penal juvenil, a la que recién hizo referencia el diputado Solá. Creo que esta es otra
de las grandes deudas porque a veces no conviene tocar esta cuestión por un tema legislativo,
por un tema de que hay elecciones, porque no hay oportunidad política. Sin embargo, la
Argentina ha tenido una sanción porque expone una de las peores cosas, que es el hecho de
tener cadenas perpetuas a menores de edad. Eso es la Argentina.
Entonces, tenemos todas las paradojas y seguimos escabullendo esta discusión;
discusión en la que definitivamente nos tenemos que involucrar los legisladores y la sociedad
civil para dar un debate serio al respecto.
Creo que se avanzó mucho con el debate del Código Civil. Yo fui cuatro años
diputada y cuando llegué a la Cámara teníamos cuatro proyectos de adopción.
Inmediatamente se presentaron otros quince proyectos, y durante esos años hicimos
audiencias públicas, se enriqueció con todo aquello que la sociedad civil iba aportando al
proyecto y hasta tuvimos el asesoramiento de la Fundación Sur. Es decir, fuimos cambiando
muchísimo el proyecto según nos indicaban, pero nunca lo pudimos llevar al recinto hasta que
vino –siempre frenado porque venía el debate en el Código Civil– y entonces tuve la suerte de
ser miembro de la comisión de reforma y pudimos debatir intensamente el tema de adopción.
Obviamente, esto se va a aplicar recién en 2016.
Nosotros compartimos la mayoría de los puntos del tema adopción, pero no estamos
de acuerdo con la restricción en la capacidad jurídica de los menores, por ejemplo. Pero en
general estamos de acuerdo. Ahora, nos parece que hay que esperar mucho tiempo y seguimos
con las deudas que expresó Felipe Solá.
Estamos en deuda no solamente por los tiempos, porque no son tiempos claros ni hay
tiempos administrativos ni judiciales claros ni son transparentes –esto nosotros lo planteamos
bien y quedó bien planteado en la reforma–, sino por el concepto real de lo que es la
adopción, que es el derecho del niño a tener una familia, que es el libro que aquí trae Rosa
María. Este es el concepto que tenemos que tener –más allá de los que quieren tener hijos,
que es un deseo–, el concepto del derecho de un niño a poder tener una familia.
Este es el debate que sería interesante dar porque la verdad es que hasta 2016 que se
empiece aplicar vamos a estar con una ley viejísima y con muchísimas irregularidades. Todos
sabemos lo que sucede en las diferentes provincias. Hoy se puede adoptar a un niño en tres
días o en diez años. Entonces, creo que en estas cuestiones tenemos que ahondar.
Asimismo, avanzamos mucho en la aprobación del protocolo facultativo de la
Convención de los Derechos del Niño, que se aprobó hace unas semanas en el Senado y que
venía de Diputados. Ahora, la cuestión es crear la bicameral, que se votó en la última sesión
del año 2013, en el último día de sesiones.
En este sentido, estaríamos cumpliendo con un montón de requisitos de Naciones "2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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Unidas, pero más allá de los requisitos de la ONU están los requisitos de una Argentina libre,
una Argentina afianzada democráticamente, una Argentina que transite en una etapa de
afianzamiento democrático.
Por eso tenemos que tener todos estos instrumentos internacionales que son
absolutamente valederos para poder seguir teniendo tan buenas leyes como las que tenemos.
La verdad es que el avance legislativo de la Argentina ha sido increíble, pero no se traduce
ese avance legislativo en el avance efectivo de los derechos. Muchísimas gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Agradecemos a la doctora María Luisa Storani e invitamos, ahora, a dirigir la
palabra, a la representante a la representante de Colectivo de derechos de infancia y
adolescencia, la profesora Nora Pulido.
Sra. Pulido.- Muchas gracias y buenos días a todos y todas las presentes.
En primer término, agradecerle al Senado, a la comisión que preside la senadora
Morandini por este espacio abierto para comunicar y, también, a la Cámara de Diputados, a la
Comisión de Mujer, Niñez y Familia, ingeniero Solá, que nos abrieran esta casa de leyes para
venir a hablar, justamente, por una ley mayor. Digo mayor porque es un tratado internacional
de Derechos Humanos que cumple veinticinco años y, aunque reitere, nuestra ley nacional
que se ajusta a este tratado tiene apenas –y es bastante- nueve años. No tiene diez, pero ya
tiene nueve años.
Entonces, nuestro interés, como una red de organizaciones de la sociedad civil, es -no
podemos atribuirnos abrir el debate, el debate está abierto- continuar un debate público, con
otros actores sociales, que somos los miembros de la sociedad civil, que habitualmente no
tenemos muchos espacios abiertos para hacer oír nuestra voz. Agradecemos eso y que se abra,
ahora, el tema de la aplicación de la ley, cómo avanzó en estos nueve años. Avanzó en
algunos aspectos, en algunas provincias, y a veces en los mismos distritos en los que avanzó
también es necesario medir los retrocesos. Avanzó y retrocedió. En otros lugares, no avanzó o
comenzó, directamente. Hay una aplicación absolutamente despareja.
Nosotros, como miembros de la sociedad civil, somos una red de organizaciones de la
sociedad civil que estamos dispersos en muchas provincias de la Argentina, en muchas
regiones. Más aún, nuestro seguimiento de la aplicación de la Convención no se ajusta
solamente a la Argentina, que así lo hacemos. Y le diría, diputado, que gran parte de las
recomendaciones que usted leyó del Comité de Ginebra, nos satisfacen porque forman parte
de nuestra lucha. Nosotros hacemos el informe que llevamos al Comité de Derechos del Niño
de Ginebra; hacemos informes específicos, que también llevamos a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Aprovecho para saludar a nuestra invitada, Rosa
María Ortiz, relatora de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos
organismos internacionales hacen un seguimiento –yo diría- amistoso, un seguimiento
proactivo hacia los estados. No es una vigilancia-castigo, es una vigilancia proactiva que da
pasos, da señales, como esas recomendaciones que usted leyó, para seguir trabajando. Se
reconoce, los organismos internacionales y nosotros, miembros de la sociedad civil, todo lo
que se hizo legislativamente, incluso en extensión de políticas públicas que nosotros pedimos,
militamos, a lo largo de años. Estamos hablando de veinte años de militancia, o más, de
muchos de nosotros. Pedimos, exigimos, militamos y reconocemos, también, los avances.
Con respecto al tema que hoy nos convoca, los sistemas de promoción y protección,
que es donde las leyes se harían carne, ahí se ve una fuerte deficiencia. Para eso, después,
vamos a tener el gusto de escuchar informes específicos de estudios de investigación y de
relevamiento sobre los sistemas, pero en líneas generales podemos adelantar que, al ser tan
despareja la aplicación, podemos ver que asegurar los derechos de los niños no es igual en
toda la República Argentina. Los niños tendrían garantizados los derechos en algunas "2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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jurisdicciones y en otras, no. Es un ataque directo al principio de igualdad de los niños, al
principio de no discriminación. Son principios que están en la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño.
Algo que nosotros decimos –y tomo la voz en nombre de todos mis compañeros y
compañeras, acá, presentes- es que el federalismo no debe ser un obstáculo para el
cumplimiento de los derechos humanos. Hoy estamos en el Senado, que es la casa del
federalismo, representa a las provincias de la Argentina. La Cámara de Diputados representa
el pueblo de la Nación, como usted muy bien dijo, pero el Senado representa a las provincias
de la Argentina.
Entonces, esa advertencia que nosotros hacemos -continuamente la levantamos- de
que el federalismo no puede ser un obstáculo. El federalismo es algo positivo que tiene la
Argentina. Nosotros tenemos una historia que nos llevó al federalismo. Reconocemos el
federalismo como un hecho, una tradición que traemos de nuestro pasado como país.
Entonces, si el federalismo es una barrera para el cumplimiento efectivo de los derechos de
los niños, entendemos que es algo que no coincide con la tradición histórica del federalismo.
El federalismo fue una lucha por los derechos de los pueblos.
Ahora, tenemos recomendaciones internacionales que así lo dicen, que tiene que
haber, además de las leyes de la Nación -que la tenemos y muy buena, la 26.061-, y a nuestro
entender, tendría que haber lineamientos en muchos temas que equiparen la situación de los
niños en todo el país. Para eso, en general, también tenemos herramientas muy importantes,
de la ley 26.061.
Acá, se mencionaron las deudas. Muy bien. Se trata del defensor del niño. Pero están
las creaciones, está la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y está el
Consejo Federal. O sea que hay suficiente institucionalidad para bajar esas barreras de
injusticia, otra palabra que me veo obligada a aplicar. Si hay desigualdad en la aplicación de
los derechos, evidentemente, hay injusticia en los derechos de nuestros niños.
Nuestro pedido y nuestra reflexión es esa, seguir trabajando. Estas casas de diputados
y senadores tienen, como misión específica, hacer leyes, pero también podría ser
acompañarnos en el seguimiento de la aplicación de esas leyes e impulsar normas que
acompañen a las provincias a cumplir, después de nueve años, con los derechos de los chicos,
para que realmente todos nuestros niños sean iguales.
Respecto de lo que usted dijo de los niños como privilegiados, se habla del colectivo
de los niños. Los niños son los únicos privilegiados, pero todos los niños de la Argentina.
Para bajar esas diferenciaciones entre provincias, es necesario que los sistemas se extiendan
con lineamientos precisos e igualitarios para todos los chicos.
Como es solamente una apertura, no los entretengo más. (Aplausos.)
Locutor.- Gracias, profesora Nora Pulido.
Señora senadora.
Sra. Presidenta.- Muchas gracias. A mí, siempre me llama la atención que, cuando están en
juego intereses, nadie dice nada, el federalismo no existe. Pero, cuando se tratan temas de
derechos humanos, siempre, desde los más sencillos, como puede ser una ley de calidad
acústica, siempre se nos dice: Pero usted no puede decirle al intendente de mi pueblo eso.
Le agradezco que haya traído esto como reflexión porque, la verdad, es que es algo
muy, muy fuerte y nos hace muy difícil el trabajo en el Senado, en la consagración de
derechos.
Muchísimas gracias. Ahora, vamos a escuchar al panel. Los invito a quedarse para
escuchar a los panelistas. (Aplausos.)
Locutor.- Convocamos, entonces, a los próximos panelistas que han de tratar diagnósticos, "2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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avances y desafíos para el funcionamiento del sistema de protección de derechos de niñas,
niños y adolescentes en Argentina.
Van a participar Marysel Segovia, Silvia Stuchlik, Marisa Graham, Manuela Thourte
y ha de moderar, en la oportunidad, Juan Facundo Hernández.
- Luego de unos instantes:
Locutor.- También, por la Defensoría del Pueblo de la Nación, la doctora Becerra; y en esta
oportunidad, en reemplazo de la doctora Marisa Graham, la licenciada Patricia Alonso.
- Luego de unos instantes:
Moderador.- Seguimos. Vamos específicamente al panel que se llama "Diagnósticos,
avances y desafíos para el funcionamiento del sistema de protección de derechos de niños,
niñas y adolescentes en Argentina".
En primer lugar, hará uso de la palabra la representante de la Fundación Sur, la
licenciada Silvia Stuchlik; en segundo lugar, la representante del colectivo Derechos de
Infancia, Marysel Segovia; en tercer lugar, la Defensoría del Pueblo de la Nación, Mariana
Becerra; y, en último lugar, la representante de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia, Patricia Alonso.
Hago una mención: la representante de UNICEF, Manuela Thourte, esta mañana tuvo
un problema de salud y se disculpa por no poder asistir.
Entonces, en primer lugar, la licenciada Silvia Stuchlik.
- Durante la exposición de la señora Stuchlik se realiza una
proyección en PowerPoint.
Sra. Stuchlik.- 25 años; 10 años, casi, de la sanción de nuestra Ley de Protección Integral de
Derechos. Obviamente, esto impone la creación de sistemas de protección de derechos que
promuevan políticas con enfoque, leyes, y que se generen capacidades estatales para que estos
sistemas efectivamente puedan garantizar los derechos de los niños.
Vemos que este conjunto de leyes de infancia que se han promovido a lo largo de
estos últimos años efectivamente tienen este enfoque de derechos y dan lugar a resolver
algunos problemas de carácter multidimensional, de multicausalidad, problemas importantes
que tienen que ver con diferentes efectivizaciones de derechos; pero también tienen que ver
con situaciones de pobreza, de inequidad y de desigualdad que se transita en nuestro país.
Estas leyes no siempre toman en cuenta problemas concretos, que tienen que ver con
la capacidad que tiene la administración para generar estos sistema de protección de derechos
–como bien planteaba Nora Pulido– y la dificultad que se genera una vez que se promulgan
estas leyes nacionales, y que haya un verdadero correlato en las legislaciones provinciales
para que estos sistemas, a nivel de las distintas jurisdicciones, puedan efectivizar estos
derechos. Como parte de la investigación que realiza la Fundación Sur Argentina, a fines de
2013 se presentó el libro Infancia y derechos. Radiografía de la ley 26.061, una investigación
ardua que hizo la doctora Victoria Lucero, que muestra estos avances y retrocesos en términos
legislativos en las diferentes jurisdicciones de nuestro país.
Voy a pasar, porque me dijeron que no hay mucho tiempo.
Acá ustedes están observando diferentes cuadros donde las diferentes jurisdicciones
han avanzado paulatinamente en generar legislaciones acordes a la 26.061, donde hubo
numerosos obstáculos de diferentes actores que integran este sistema de protección de
derechos. Pero, en términos generales, lo que podríamos decir concluyentemente es que existe
una complejidad de los escenarios provinciales para sancionar e implementar estos cambios
institucionales; hay resistencia de los actores. Y cuando hablamos de los actores, no
solamente en el plano judicial, sino también en el administrativo e, incluso, en el legislativo,
porque se generan legislaciones que no son consistentes y congruentes con todo el sistema y "2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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el andamiaje legislativo nacional.
Hay, además, adhesiones que son eufemísticas, porque hay provincias que adhieren a
la legislación nacional, pero pierden de elaborar todo el aspecto rico, procedimental que tiene
cada una de las normas para hacer efectivos estos derechos al interior de cada jurisdicción e
incluso de cada municipio. Y en algunas de las normas incluso subyacen criterios tutelares,
que todavía deben ser removidos para la efectiva implementación de los derechos.
Además, hay ausencia de criterios de integralidad en la conformación de estos
sistemas para elaborar políticas, planes, y elaborar presupuestos, que son los que finalmente
también van a sustentar estas políticas. Y también hay problemas para implementar servicios
de protección de derechos, básicamente –como decía también Nora–, en los municipios, que
es ahí donde se juegan los derechos, donde están los servicios educativos, de salud, donde
están los planes de viviendas, y es ahí donde viven los niños y los grupos familiares, y ahí es
donde se deben efectivizar esos derechos.
También traigo datos elaborados por la propia SENNAF, el Ministerio de Desarrollo
Social y UNICEF, que hablan de la descentralización de los servicios de protección de
derechos en las provincias. Este es un informe del año 2012. Hasta ese año, 15 provincias
cumplimentaron la descentralización –yo la llamo descentralización, barra, desconcentración
de servicios–; y 9 aún tienen pendiente esta implementación. Entonces, acá vemos estas
desigualdades e inequidades que se dan a la hora de hacer efectivos los derechos para cada
uno de los niños.
Si nosotros en este mismo estudio contabilizando cuántos servicios hay vigentes, 159
son los servicios que se han descentralizado en las provincias. Pero municipalmente –tomo el
caso de la provincia de Buenos Aires porque bien lo expuso Solá–, hubo un impulso inicial
muy importante, acompañado de foros de organizaciones y, además, intendentes que lograron
hacer efectivos estos servicios; pero además una fuerte vocación de la provincia de Buenos
Aires en suministrar recursos, que permitió que 119 municipios pudieran hacer efectivos
estos servicios. Con lo cual hay 278 servicios municipales en el país, en la actualidad, que
brindan esta atención, que son mínimos, o sea, pueden ser equipos interdisciplinarios donde
mínimamente hay un abogado, un médico, un trabajador social y un psicólogo, para un total
de 2169 municipios. Esto significa que estamos en el orden de un 13 por ciento de
implementación de estos servicios, que son parte de la institucionalidad más importante, más
allá de que tengamos SENNAF, que es muy importante, que tengamos consejo federal; pero
es ahí, como decía antes, donde se cumplimentan y se deben articular y coordinar las
políticas.
Estos sistemas de protección de derechos lo que hacen es generar entornos de
protección en cuanto a que estas políticas públicas de carácter universal –salud, educación,
vivienda, todas las que hemos mencionado– son las políticas universales que deben subyacer
y deben estar vigentes y ser efectivas en todas las provincias, en todas las jurisdicciones y,
también, un paraguas a nivel federal. Pero también hay políticas específicas que actúan como
medidas concretas que deben generarse y actuar en los sistemas, de manera tal que, cuando
hay procesos de no inclusión de los niños, rápidamente puedan actuar a través justamente de
la movilización de estos servicios que dábamos cuenta antes. Y, actuando, fundamental y
prioritariamente, las políticas y las áreas correspondientes a todas las instancias estatales.
Todas estas políticas son las que conforman este entramado y este sistema de protección
integral que deben orientarse a un funcionamiento que logre la integralidad para que el
impacto sea mucho más efectivo pero, al mismo tiempo, para que todos los derechos de cada
uno de los niños sean efectivamente…
Tenemos una gran cantidad, como bien expusieron nuestros legisladores de leyes y "2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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políticas públicas que se han aprobado a lo largo de estos últimos años. Ustedes podrán ver
numerosas de educación, de salud, de salud mental y de violencia y, sin embargo, aún restan
aprobar legislaciones como la ley de responsabilidad penal juvenil, que es una deuda que
tiene este Congreso nacional; no es posible que tengamos un decreto ley de una dictadura
militar. Independientemente de todo el debate que tengamos que dar y, por otro lado, hay
leyes específicas que también son conexas a esas y que hacen a la defensa de los derechos de
los niños que ustedes ahí van a poder ver. Sin embargo, hay algunas leyes que tienen un
impacto más directo sobre los sistemas de protección de derechos que son las de violencia, las
de salud mental, las de responsabilidad penal juvenil, porque son esas leyes las que
fundamentalmente siguen posibilitando que se siga institucionalizando y judicializando niños
en función de que las jurisdicciones no han realizado las adecuaciones pertinentes en función
de todo el paraguas a nivel nacional que está efectivamente amparando este sistema de
protección de derechos. Vemos numerosos avances respecto del gasto público y del nivel de
inversión que hubo en el gasto público, el esfuerzo enorme del 6, 1 por ciento de la ley de
financiamiento educativo y los aportes concretos que hay respecto de la política de educación
pero, sin embargo, se dan estas brechas que bien señalaban desigualdades hacia el interior de
las provincias porque todo el aparato fiscal y todo el sistema de redistribución equitativa de
ingresos no permiten que los niveles de educación se den igualmente en cada una de las
provincias.
Es así que, por ejemplo, en Tierra del Fuego se invierten 5 veces más de dinero para
implementar una ley de educación que en provincias como salta o el resto del Norte de
nuestro país. Ahí es donde no se puede romper este círculo de desigualdad que todavía se
sigue dando.
En políticas específicas, todavía observamos un alto nivel de judicialización e
institucionalización y esto es que en el estudio de 2005, la Secretaría de Derechos Humanos
tuvo un excelente estudio que determinó que había 17.000 chicos institucionalizados por
causas asistenciales, en el 2012 un estudio realizada por la SENNAF todavía da cuenta de que
hay 14.675 niños privados de la libertad por diferentes tipos de programas y esto es algo que
está marcando que tenemos una deuda que tenemos que lograr profundizar el andamiaje de
estos sistemas.
Por lo tanto, para ir terminando, lo que es importante es poder lograr que existan
corresponsabilidades de los diferentes actores que participan del Estado. Es decir, el Poder
Legislativo, el Poder Judicial y el poder administrativo. Pero, básicamente, es el poder
administrativo a nivel federal y a nivel de las jurisdicciones porque es el que tiene que lograr
la capacidad para poder administrar y gestionar un sistema de protección integral con enfoque
de derechos que, justamente, ponga en alto estos derechos que vemos que están siendo
vulnerados. Y esto implica que se debe trabajar en términos de integralidad, en términos de
coordinación, pero superando los esquemas voluntarios discrecionales y arbitrarios que, por
lo general lamentablemente las políticas sociales, las políticas de protección social tienen en
todas las jurisdicciones, en todos los niveles e instancias. Por eso decimos que es necesario
que se generen, antes que nada, mecanismos de accountability o de responsabilidad social
donde no solamente los grupos familiares y la comunidad tengan mecanismos para poder
hacer efectivos y exigir sus derechos, sino que, básicamente, la administración, la Justicia y
los ámbitos legislativos generen canales para que los mismos niños y sus grupos familiares
puedan -participando libremente- ejercer esta accountability. Si no, es imposible que los
ciudadanos puedan demandar sus derechos para hacerlos efectivos, si no se generan estos
canales que no son las ventanillas de los servicios de protección de derechos sustituyendo a
las viejas ventanillas de la Justicia estableciendo una suerte de patronato administrativo como "2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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vemos y observamos con mucho dolor en muchas jurisdicciones.
Se trata de superar estos esquemas tutelares definitivamente, estableciendo verdaderas
capacidades para generar integralidades que todavía a este sistema le faltan. Para eso es que
hay que trabajar en un plano, como bien se decía acá, a nivel de carácter federal. Estos
acuerdos, que se producen en los consejos federales o en los consejos de cada jurisdicción no
pueden ser una expresión de deseo. Tienen que ser, fundamentalmente, decisiones políticas
que tengan acuerdo de todos los actores que son corresponsables de estos derechos, pero al
mismo tiempo que después puedan llevarse a la práctica y al plano netamente de donde se
juegan los derechos: es decir, en los barrios y comunidades. Tengo más para decir pero no
llegamos.
Moderador.- Muchas gracias.
Les pido disculpas, pero a las 4 de la tarde tenemos que dejar el salón, por eso, como
además de los presentes restan siete invitados vamos a intentar...
A continuación va a hablar Marysel Segovia que es del Colectivo Cordobés e integra
el Colectivo de Derechos de Infancia de Argentina.
Sra. Segovia.- Desde el Colectivo de la Infancia trabajamos entre el 2010 y el 2012 en un
proyecto que buscó conocer cómo se venía implementando el sistema de protección integral
en las distintas provincias; para lo cual se tomaron 5 de las provincias y 20 municipios dentro
de todas las provincias. Un poco para conocer de qué manera se venía implementando el
sistema y poder hacer recomendaciones y aportes a los responsables de las mismas a nivel
local, municipal y provincial. Nos pareció muy importante este primer abordaje para poder
tener algún conocimiento más certero de los grandes objetivos de la ley que nos parece
importantísima. Pero para ver cómo aportar desde ese lugar.
Teniendo en cuenta la ley 26.061, que es muy clara en crear los sistemas de protección
integral de los derechos del niño, trabajamos con la sociedad civil, con organizaciones
sociales, efectores de salud, educación, municipios, intendentes y también los espacios de
concertación de políticas públicas como son los consejos de la niñez.
Tratando de hablar a grandes rasgos, dentro del poco tiempo que tenemos, veíamos
algunos obstáculos comunes en la implementación del sistema y algunas cuestiones a
fortalecer.
Dentro del sistema de protección hablamos por un lado de la responsabilidad del Estado en
canto a los servicios de protección de derechos. O sea, quiénes son los responsables de
ejecutar las políticas de infancia.
El otro brazo que también consideramos que es muy importante, sobre todo cuando
trabajamos desde los municipios, es el de los espacios de concertación de políticas públicas
de la infancia. Se trata de un desafío nuevo que plantea la ley y que me parece fundamental;
porque de esos espacios de concertación entre la sociedad civil y el Estado es de donde se
pueden llegar a construir diagnósticos más cercanos en el territorio de cómo es la situación de
vulneración de los derechos de los niños. Luego, desde allí, se pueden proponer políticas
públicas en beneficio de la infancia.
Este tema, que nos parece fundamental como pata del sistema, sin embargo, necesita
mucho más fortalecimiento. Si bien nos parece importante la tarea realizada en Córdoba,
donde se va generando de a poco el Consejo Municipal de la Niñez, también allí observamos
que es fundamental fortalecer este espacio de concertación, porque en la medida que haya
más actores de las distintas políticas públicas –de salud, de educación, de cultura, de deportes,
etcétera– que conozcan los ejes de los principios del paradigma de la protección que plantea
la ley, también van a ser más claras las articulaciones con los servicios locales de protección
del derecho. "2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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En general lo que nosotros observamos, dentro de las distintas provincias y
municipios, es una gran desarticulación interministerial en las políticas públicas. Este es un
tema que no es nuevo, que es muy costoso, en el que insistimos todo el tiempo, y en la
sociedad civil –como hace tiempo que insistimos– escuchamos respuestas que manifiestan
que estamos pidiendo algo muy difícil de lograr; pero es uno de los ejes del sistema de
protección. Es fundamental que haya articulación en el enfoque de los derechos hacia el niño
desde la educación, adicción, salud mental, etcétera. Si no, todo termina recayendo en el
servicio local de protección que todavía no se termina de constituir y la experiencia que
tenemos es que a veces la falta de respuesta es más perjudicial que la anterior intervención
vulneradora de derechos que tenían los jueces de menores. Entonces, me parece fundamental
insistir en que se creen las comisiones interministeriales en el ámbito de las provincias y las
comisiones de intersecretaría en los ámbitos municipales.
Todo esto tiene que ver en definitiva con poder trabajar más allá de los discursos y a
fin de poder construir esa mirada del niño y del joven como sujeto de derecho, que vaya más
allá del concepto o de la idea de que estamos todos de acuerdo con que los chicos son sujetos.
Estamos hablando básicamente de relaciones de poder entre el mundo adulto y el mundo de la
infancia. Entonces es bastante difícil cambiar esa mentalidad, esa cultura tutelar que nos viene
desde hace tanto tiempo. Por ello creemos que es fundamental que desde los espacios del
Estado se fortalezcan y se planteen pautas que orienten a las organizaciones sociales y
también a los sistemas provinciales de protección de los derechos para que realmente se
vayan haciendo las adecuaciones normativas, a nivel provincial y municipal, y de
implementación de las políticas públicas.
¿Qué queremos decir con esto? Que más allá de que una provincia pueda tener una ley
adecuada a la 26.061 o un municipio una ordenanza, es fundamental trabajar sobre la
necesidad de adecuaciones normativas en los ámbitos de salud, educación y cultura, porque
en muchos municipios tenemos ordenanzas totalmente tutelares –por ejemplo, las que regulan
los centros de cuidados infantiles, o los jardines de infantes, o las escuelas– donde
cotidianamente, desde la mirada tutelar, el niño no es escuchado, su familia mucho menos, y
los adultos siguen decidiendo desde, como ya manifesté, la mirada del paradigma anterior.
Por otro lado, el espacio de participación real de la opinión de los chicos es algo
también que sigue siendo un discurso y cuesta bastante que se implemente en lo concreto. Por
consiguiente, nos parece que esto hay que trabajarlo, además de darle concreción a la figura
del abogado del niño, que es un tema que está en la ley y es muy importante, pero con el que
cuesta mucho avanzar en las provincias, además del tema de la figura del defensor del niño ya
se mencionó acá.
Asimismo, es importante mirar el tema de la participación de los niños en los espacios
concretos que ya están previstos como, por ejemplo, los centros de estudiantes de las escuelas
secundarias y el acceso a la información en salud sexual y reproductiva. Todo esto debe
trabajarse en el marco del paradigma de la protección de los derechos. Si no parece que son
cuestiones que van por separado. Es decir, Educación mira al niño de una manera; salud de
otra y, por lo tanto, cuesta muchísimo articular este enfoque de derechos. Es así que
decidimos plantear la importancia de los espacios interministeriales y de los espacios de
concertación de políticas públicas donde las organizaciones sociales estén en diálogo con los
responsables de las políticas públicas.
Por otro lado, si bien es repetir un poco lo que ya se ha dicho acá, es fundamental que
se impulse el Estado nacional y que existan criterios, principios concretos, orientadores para
los servicios locales de protección de los derechos en las provincias. Nosotros vemos que en
distintas provincias el mal funcionamiento de los servicios locales de protección de derechos "2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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es muy desigual. Y si bien muchas veces tienen nombres las oficinas o las áreas de niñez en
los municipios, su funcionamiento sigue siendo totalmente tutelar y no se articula con los
demás espacios de políticas públicas dirigidas a los niños, es decir que la familia sigue
estando sin ser escuchada y mucho menos son escuchados los niños. Esto sucede en los
servicios locales que conocemos en la provincia de Córdoba donde cuesta muchísimo
modificar el modo de intervención, por más que se llame servicio local de protección en el
marco de la ley nacional 26.061. De hecho, allí se sigue decidiendo, como históricamente se
ha venido decidiendo, desde los expertos −llámese trabajador social, abogado o psicólogo−
que miran la problemática desde su propia mirada social y de clase, y resuelven lo que
consideran que es mejor para ese niño y esa familia sin tener en cuenta los recursos de esa
familia, su potencialidad y lo que tiene el niño para decir de lo que le sucede.
Y en cuanto al derecho del niño a ser escuchado, además de la falta de escucha que se
da en los servicios, también hay un tema que nos preocupa mucho: la falta de escucha real de
los niños, tanto en los procedimientos administrativos como en los judiciales vinculados a la
situación de los niños cuando son víctimas de malos tratos tanto familiares como
institucionales y cuando son víctimas de abuso sexual infantil. Es un tema muy preocupante
por el que sabemos que en la Cámara de Diputados se han venido realizando algunas
jornadas, como así también por el famoso síndrome de negación parental; algo que hay que
observar y enfocarlo.
Desde lo personal, yo que vengo de la provincia de Córdoba, estoy muy preocupada
por la ausencia de debate sobre este asunto en el que los niños y las madres, en general,
cuando hay situaciones judiciales de familia sobre abuso infantil, no son escuchados. En este
sentido, quiero comentarles que no siempre a los chicos se les hace Cámara Gesell y que otras
muchas veces se usa el tema de la revinculación para, justamente, revincular al niño –más allá
de lo que opine o piense– con personas que han sido imputadas de abuso. Reitero, este es un
tema que preocupa en distintas provincias.
Por otro lado, no podemos dejar de plantear el tema del régimen penal juvenil,
brevemente; pero el colectivo de infancia nos preocupa mucho y se han hecho muchas
acciones en ese sentido más allá de la demora de la modificación de la ley penal juvenil, en la
que ya se debería estar trabajando, y en el marco del cumplimiento de los compromisos que
han firmado las provincias en el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia; porque
es fundamental que se generen políticas públicas en las provincias a fin de que se vayan
acercando estas al acceso de los derechos de los chicos que están privados de su libertad.
En efecto, los chicos que están privados de su libertad son sujetos de derecho tanto
como los que están fuera de los institutos correccionales, sin embargo, se ha naturalizado
mucho socialmente, y en el Estado, que el niño, además de tener privada la libertad, tiene
privado el acceso a una vida digna, a su integridad física, psicológica, a no acceder a la
escuela, a no tener un tratamiento en problemática de salud mental o de adicciones. En ese
sentido, de igual manera que lo decía Silvia hace un rato, es fundamental que los
compromisos que las provincias asumen en las reuniones del Consejo Federal de Niñez
Adolescencia y Familia sean monitoreados, seguidos, y se cumplan. Porque, en general, uno
lee las actas y por supuesto estamos de acuerdo con los intentos, pero cuando vemos lo que
pasa en las provincias nada de eso se lleva a la práctica.
Por último, para ser respetuosos del tiempo, una deuda que nos parece importante
retomar y plantear es la del diálogo de la sociedad civil con el Estado. En efecto, en la ley
26.061 hay un Consejo Federal de Niñez Adolescencia y Familia que está integrado por la
Secretaría Nacional y por las autoridades de las provincias, a diferencia de los consejos de la
niñez provinciales y municipales donde está sólo la sociedad civil. En ese sentido la ley se "2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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plantea que la Secretaría de Niñez y Familia también va a estar integrada por representantes
de los ministerios nacionales y por la sociedad civil.
Esa es una deuda pendiente que hemos planteado en nuestros informes sobre el
colectivo de infancia y, por consiguiente, nos parecería importante que se promoviera el
diálogo para poder tener un acercamiento a lo que sucede en las provincias con la Secretaría
Nacional de Niñez Adolescencia y Familia y poder así generar un ida y vuelta con las
diferentes autoridades provinciales.
Esto era, mínimamente, lo que queríamos plantear. Gracias. (Aplausos.)
Moderador.- Gracias por la brevedad Marysel.
A continuación tiene la palabra la representante de la Defensoría del Pueblo de la
Nación, Mariana Becerra.
Sra. Becerra.- Muy buenas tardes a todos.
Antes de iniciar quería agradecerle a la Comisión de Población y Desarrollo Humano
por habernos invitado a participar de este panel con ustedes.
Como con muchas de las consideraciones que realizaron mis compañeras de panel
coincido ampliamente, no voy a repetir conceptos ya vertidos.
Sí entiendo que hemos hecho avances a 25 años de la Convención sobre los Derechos
del Niño y a casi 10 años de la ley 26.061. De hecho, creo que nunca como hasta ahora los
niños han tenido un tan amplio reconocimiento de sus derechos, no solamente a través de un
plexo normativo interno, nacional, sino también internacional. Asimismo, creo que nunca
antes como hasta ahora los niños y los adolescentes en la Argentina han contado con los
mecanismos y los dispositivos para hacer efectivos sus derechos.
Celebro los avances, pero como organismo de defensa de derechos humanos,
corresponde profundizar en los desafíos. Entre ellos consideramos, un poco, lo que decía
Nora Pulido. Me parece que, cuando empezamos a trabajar en la defensa y en el ejercicio de
los derechos de los niños, la principal barrera para hacer efectivo el sistema de protección de
derechos tiene que ver con las desigualdades y las asimetrías, tanto en la cobertura como en la
calidad de los recursos disponibles, entre las regiones.
La necesidad de articular, generar mecanismos de articulación no solamente entre las
jurisdicciones, sino también entre las instituciones. También generar procedimientos eficaces
y ágiles, sobre todo en derechos fundamentales, en que va la vida, como la trata de personas,
o el extravío de niñas, niños y adolescentes.
Por último, también me parece interesante empezar a unificar criterios de intervención
a través de protocolos. Esto que, quizás, les parezca a priori directivas abstractas, en realidad,
lo van a ver concretamente ilustrado en situaciones en las que me está tocando trabajar, tanto
a mí como a mi equipo, en la Defensoría del Pueblo.
El primer caso que les voy a presentar tiene que ver con la búsqueda de personas.
¿Qué pasa con los niños, niñas y adolescentes extraviados, en nuestro país? Ustedes saben
que, desde 2003, existe el Registro de información de personas menores extraviadas, que
depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Para que ese registro, a
nivel nacional, funcione y para que esa política pueda proteger a los niños, necesita
alimentarse de las bases de datos que remitan los registros u organismos responsables en las
provincias. ¿Por qué? Porque su función es organizar, concentrar y entrecruzar la información
de los niños extraviados de todo el país.
Ahora bien, para saber, más o menos, la cantidad de chicos de la que estamos
hablando, desde 2003 a diciembre de 2013, han ingresado sus datos en el Registro Nacional
29.503 chicos, chicas y adolescentes perdidos. De ellos, 2.000 nunca fueron hallados. El 34
por ciento sí fueron localizados. Pero esta cifra es interesante: del 54 por ciento de los "2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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ingresados, las causas fueron archivadas por varios motivos, pero el principal es que
adquirieron la mayoría de edad.
Este año, tuvimos tres casos. La mayoría generalmente viene del interior del país.
Cuando quisimos ingresar los datos de las chicas al Registro, empezamos a ver ciertas
debilidades. Uno de los casos era de Jujuy, otro era una chica de Salta. Vimos que, en
realidad, ingresar los datos al Registro Nacional no significaba que esos datos fueran
compartidos con el resto de los registros. De hecho, el Registro de la provincia de Buenos
Aires tenía información de chicos y chicas que, por ahí, el Registro Nacional no tenía. Lo
mismo sucedía entre jurisdicciones limítrofes. Si la chica se perdió en Salta y, después, la
vieron en Jujuy, no había conectividad entre las provincias ni entre los organismos de
protección, nadie la buscaba. Por supuesto, tampoco hay unificación de criterios. Hay
registros que nos pedían muchísima más información, otros menos.
Frente a eso, dijimos: Vamos a relevar esta política para ver cuál es el escenario
nacional, hoy, provincia por provincia. Hicimos este cuadro –se proyecta un cuadro a
espaldas de la oradora-, que no se ve mucho, pero es un sistema de alerta nuestro.
Relevamos provincia por provincia y, en términos numéricos, el tema es así. Diez provincias,
en la Argentina, tienen un registro que funciona; nueve no tienen nada; cuatro adhirieron y
crearon una ley, pero nunca la implementaron, y tenemos una provincia que tiene un actaacuerdo
desde 2012. Es decir, se trata de una política nacional de búsqueda de niños, niñas y
adolescentes, y no puede funcionar claramente por falta de articulación y porque hay
provincias que toman esto como un sistema, y otras que no. Entonces, una política pública
está fallando por esta falta de igualdad y simetría entre las regiones.
A esto se agrega algo más. ¿Qué pasa cuando cumplen la mayoría de edad? Señores,
en la Argentina, no hay un registro federal de búsqueda de personas adultas extraviadas. No
hay posibilidad de interconexión con relación a una persona que ya cumplió la mayoría de
edad.
Como consideramos, más allá de este relevamiento, iniciamos una investigación que
es este informe. Lo pueden ver en el cuadro, que cuenta cómo es la situación, estadísticas,
diagnósticos, pero también propuestas. Relevamos distintos registros en Colombia, México,
es decir qué propuestas había sobre estos temas en el ámbito internacional, y lo elevamos a la
Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Bicameral de Defensoría del Pueblo, para tener
presente esta temática, que me parece que no es menor. Además, instamos a nuestros
delegados en las provincias –la Defensoría del Pueblo de la Nación tiene delegados en cada
una de las provincias-, para que promuevan en aquellas en las que no existe el registro, o en
aquellas en las que existe pero no se implementó, el registro pertinente, a los fines de ayudar
y sacar los obstáculos de esta política nacional.
A nivel personal, digo interno de nuestra delegación, de nuestra Defensoría,
empezamos a ver cómo podíamos simplificar la situación. Primero, se trata de saber que no
hay que esperar 48 horas, ni 72 horas, ni la carátula tiene que ser “búsqueda de paradero”.
Había un montón de ítems que fuimos aprendiendo sobre la marcha, mientras nos juntamos
con fiscales, nos juntamos con comisarios y tratamos de unificar criterios en este protocolo
único de intervención que usamos, a nivel interno, para la Defensoría del Pueblo y todos sus
delegados, pero también lo compartimos con todas las defensorías del pueblo de las
provincias. Muchas ya nos han comunicado que han empezado a utilizarlo. Y tuvimos nuestro
primer caso hace poco tiempo, cuando la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Santa
Fe nos pidió la intervención a partir de la aplicación de este protocolo. En una hora, pudimos
ingresar estos datos de las diez provincias. Me parece que, en ese sentido, vuelvo a las cuatro
directivas que, quizás, al principio, parecían muy abstractas: unificar criterios, procesos ágiles "2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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de intervención y disminuir las brechas es fundamental para una política y una protección de
derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.
Otro tema, algo que me pasó a mí este domingo. Estaba terminando de armar de armar
el power point y sonó el teléfono. Era el cura párroco del lugar donde vivo, para decirme:
Mariana, tengo una señora que, quizás, es un caso de trata de personas; tiene una hija de 13
años que inició una relación con una persona por Internet y a la que acaban de encontrar como
que se estaba fugando; por favor, vení. Así empezó mi domingo, previo a venir acá con un
power point que nada tiene que ver con lo que les voy a contar, pero que creo que pone en
hechos las palabras que dijera mi colega acá y mi colega de Colectivo. En un municipio de
provincia de Buenos Aires, zona Norte, domingo 20:14, la señora me comenta lo siguiente:
que hace unos meses, la nena empieza a tener cambios de conducta, a alejarse de su grupo de
amigas, a tener una actitud muy hostil, y se lo pasaba encerrada en su cuarto “chateando”, con
facebook, siempre vía electrónica y por teléfono, y cero comunicación con la madre. La
familia era la madre, peluquera, y ella, de 13 años. La situación se empezó a agravar y la
madre fue a pedir ayuda al colegio. Habló con la psicopedagoga, le pidió ayuda para entender
qué le estaba pasando a la nena. La psicopedagoga le dice que son cosas de la edad, que ya se
le va a pasar, es rebeldía, etcétera. Entonces, la señora va en busca del municipio. El
municipio donde yo vivo tiene una estructura sanitaria, es uno de los polos sanitarios más
importantes de la provincia de Buenos Aires. Va a los consultores psicológicos diciendo esto:
Está cooptada, es como que no es ella, vive todo el tiempo por el chat. Bueno, es la edad, es
la intimidad de ella, señora, no se meta; estas cosas le dijeron. Este miércoles, una
compañerita de colegio se quiebra, empieza a llorar y le dice a su madre: Mamá –vamos a
ponerle un nombre-, Zaira se va a encontrar, por fin, con su enamorado virtual, él le ha dicho
que la va a pasar a buscar a las 7 de la mañana, por la heladería, unos amigos de él, ni siquiera
él, que van a ir hasta Tigre; en Tigre se van a tomar un buque y él la va a estar esperando del
otro lado. La nena se lo cuenta. Por supuesto, esta señora se lo cuenta a la madre. La madre se
las arregla para sacarle el celular. Y cuando le saca el celular y ve el Whatsapp, se quiere
matar: cientos y cientos de mensajes. Sabe la hora, el día, qué come, qué hace, si es virgen, si
no es virgen y todo el movimiento de la casa, de la nena y de todo el entorno familiar. Con
esa información, la señora entra en pánico y va a la comisaría de la mujer. "No, señora, acá no
hay ningún delito, si no se consumó" –sic–. Primera respuesta a una señora desesperada con
una hija de 13 años totalmente captada.
La señora sale, se pone a llorar, y una señora de la parroquia la acompaña a la fiscalía.
Estuvo cinco horas porque la fiscal no entendía de qué estábamos hablando. "Bueno, chateó,
es un filo...". Me llama el cura; caigo yo, de casualidad, porque vivía ahí y el cura me
conocía; le digo a la señora: "Esto es la primera etapa de trata de persona, que es la captación;
la segunda etapa se estaba por implementar con el tema del traslado. Señora: su hija la odia en
este momento, pero usted le salvó la vida, porque si su hija sube a ese auto, usted no la ve
nunca más". Llamé a la oficina de rescate, el domingo a la 1, y la verdad es que la oficina de
rescate –me tengo que sacar el sombrero– me mandó un equipo interdisciplinario, se abordó
la temática, en el momento se habló con la madre y se habló con la hija.
Lo que quiero contarles ahora es que, a raíz de este caso, empezaron a aparecer otros
en el mismo colegio. En el día de ayer se quebraron dos nenas más que se iban a ir en ese auto
y que, a raíz de lo que pasó con Zaira, empezaron a recibir amenazas telefónicas. Los
teléfonos son de distintos prefijos del interior, o sea que no se pueden seguir. Cuando viene la
licencia Zaida Gatti, me dice: "Mariana, ¿estás en San Isidro? Porque en San Isidro hay un
dispositivo: hay una oficina de delitos informáticos; me pasó y ellos ya saben qué hacer". Le
digo: "No, pichona; estoy a quince minutos y creeme que en mi municipio no hay nada. Es la "2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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misma ley, el mismo país, la misma problemática".
Yo había preparado un montón de cosas más. Termino con una sola perlita: venta de
niños, niñas y adolescentes. Acabamos de pedirle a la comisión bicameral del defensor la
tipificación del delito. A partir de un caso que tuvimos y que se aplicó el protocolo, también
vimos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está pidiendo a la Argentina que
llene este vacío legal, porque hoy esta figura no está tipificada en el Código Penal. No somos
ingenuos en creer que una tipificación legal, más un protocolo, más un informe resuelvan la
realidad. Pero estamos frente a situaciones cada vez más complejas en la defensa de los
derechos del niño, y los que estamos trabajando en eso necesitamos herramientas y sumar
esfuerzos.
Nosotros, mi equipo y yo, y la Defensoría del Pueblo, tienen las puertas abiertas y los
recursos a disposición de todos los organismos de derechos humanos para sumarnos a esta
movilidad. Nosotros creemos que vale la pena y en eso estamos. Muchas gracias. (Aplausos.)
Moderador.- Muchísimas gracias.
A continuación, para cerrar el panel, Patricia Alonso, representante de la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
Sra. Alonso.- Buenas tardes. Soy una profesional de la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia.
Mucho se ha hablado acá de la ley 26.061, que intenta romper con un antiguo
paradigma de lo que es, por lo menos, lo legal, lo formal, que es la ley de patronato; y crea el
consejo, que es el órgano rector de políticas donde todos los consejeros representantes de las
provincias se juntan para acordar políticas de niñez.
Se han ido haciendo avances. En 2007 se hizo un primer relevamiento de niños sin
cuidados parentales, que no fue publicado, sino que fue un instrumento que quedó para
utilizar dentro de la secretaría. En 2010-2011, en conjunto con UNICEF, se hizo un nuevo
relevamiento de niños sin cuidados parentales. Y ahora, prontamente, va a ser publicado el
relevamiento de niños sin cuidados parentales de 2014, de niños en la República Argentina.
Hay 10.036 niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales dentro del territorio de la
República Argentina.
¿Por qué trabajamos tanto sobre el relevamiento? El objetivo era que se constituyera
este relevamiento en poder ver cómo van avanzando las políticas públicas que se van
implementando en todo el territorio de la República Argentina; ver si nos estábamos
acercando al cumplimiento del Plan Nacional de Niñez 2012-2015; y fortalecer fuertemente
las políticas de desinstitucionalización de los niños, sobre todo, disminuyendo la cantidad de
niños que se podrían encontrar albergados dentro de los hogares, y ver que aquellos niños que
estuvieran dentro, que tuvieran que estar sin cuidados parentales, lo estuvieran en las
condiciones más dignas posibles. Esto fue propuesto en el consejo federal; todos los
consejeros aceptaron, digamos, y concluyeron establecer categorías para poder ir viendo
cómo era el avance.
Con respecto a lo que habíamos trabajado en conjunto con UNICEF, era la franja
etaria; la proporción de la cantidad de niños, niñas y adolescentes que había con respecto a lo
población del censo; cuál era la vía de ingreso: la administrativa o la judicial; cuáles eran las
instituciones que prestaban el albergue a los niños: si eran de gestión pública o de gestión
privada; si su modalidad era residencial, hogares o de cuidado familiar; y también un aspecto
muy importante: cuáles eran los datos de la adecuación normativa que tenían con respecto a
las leyes a nivel federal. Para eso se establecieron dimensiones: la primera fue la legal; la
segunda, la institucional; después, trabajamos sobre las medidas de protección integral; otra
dimensión fueron las medidas de protección excepcional, adopciones y los sistemas "2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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integrados de información. Perdón, me olvidé la tercera del orden, que es protocolo, que
acuerdo mucho sobre la necesidad de este instrumento. Como van a ver cuando todos puedan
tener acceso al material, se incluyeron categorías distintas; sumamos más categorías porque
creemos que son importantes. Una de ellas, que es fundamental y la escuché hoy en la mesa,
es la que tienen que ver con los protocolos.
En cuanto a lo que podemos hablar de la dimensión legal, hemos visto que hay
avances en general en todo el territorio de la República Argentina. Estos avances se dan en
distintos tiempos y en distintos momentos, pero hay avances y hay adecuaciones más de la
normativa al sistema de protección integral de derechos.
Fue importante relevar en la parte legal el conocimiento y la aplicación que tenían las
provincias en cuanto a las leyes de violencia y a las leyes de salud mental. ¿Por qué nos
interesaba tanto la ley de violencia familiar? Era costumbre o una práctica en la cual se
incurría en la época del patronato que, cuando había una situación de violencia familiar
dentro de un hogar, al que se sacaba rápidamente del hogar era al niño; con lo cual el niño
terminaba institucionalizado y no se pedía la exclusión del agresor del hogar. Trabajamos
fuertemente con todos los organismos de aplicación a nivel federal para que, primero, en los
casos donde haya una situación de violencia, el Poder Judicial sea el que dicte la medida de
exclusión del hogar; y el organismo administrativo, instar a que esto pase.
En cuanto al grado de nivel institucional, hay un mayor grado de descentralización.
Falta, pero hay un mayor grado de descentralización. Con lo cual está llegando la política
pública más cercana a donde está viviendo el niño, a donde está viviendo con su familia.
En cuando al protocolo esto fue importantísimo porque nos obligó, aunque sea en
algunas categorías a unificar criterios y empezar a llamar a las cosas, más o menos por el
mismo nombre. Si decimos hogar, instituto, residencia, niño institucionalizado, niño no
institucionalizado para lo cual se creó un glosario de términos que se acordó con todas las
provincias. Y, en función de eso, fuimos a relevar todas las categorías. La mayoría de las
provincias tienen protocolos en cuanto al protocolo que la Secretaría va a sacar que es rector
hacia las demás provincias tiene que ver con la toma de medidas de protección integral, las
medidas de excepción y el cese de la medida. En ese protocolo se intentó, desde lo que es la
Secretaría abarcar todo el espectro para que realmente la medida de excepción sea el último
recurso para que un niño no sea alejado de su familia, que se implementen previamente todas
las medidas de protección integral y tener un plazo cuando el niño sea separado del cese de la
medida. No puede haber niños institucionalizados por años, porque la edad de un niño es
mucho más rápido lo que pasa que cualquiera de nosotros, los adultos.
Vimos avances desiguales respecto de las provincias en cuanto a los ingresos por vía
administrativa y a los ingresos por vía judicial. Hay que seguir trabajando fuertemente para
que realmente se den lo ingresos a través del órganos administrativo. En las provincias más
grandes esto está mucho más consolidado, los órganos administrativos tienen mucha mayor
fuerza, todavía falta seguir trabajando a nivel del interior.
Hemos podido relevar que en cuanto a las medidas de protección integral, o sea
aquellas que se toman antes de una medida de excepción, han coincidido en un 66,67, casi en
un 67 por ciento que es el cuidado de la niña, niño o adolescente en su casa, poniendo
dispositivos y todo lo que puede disponer una política de niñez para que el niño no sea
separado del lugar. Así, después, van decreciendo, otras causas como la inclusión de los
niños, niñas y adolescentes en familias destinadas al apoyo familiar. Hemos acordado una
categoría que ha sido muy importante porque de acuerdo a la 26.061, el concepto de familia,
en muchos casos se consideraba institucionalizado a un niño que podía tener una medida de
excepción, o sea que está con un control de legalidad por parte del Poder Judicial, pero que se "2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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encontraba con su tío o que se encontraba con su padrino o madrina, es decir, con alguien de
su familia. De acuerdo al concepto de familia en la 26.061, es un decreto reglamentario, es
claro que el niño no está separado de su medio familiar. Consideramos “niño separado de su
medio familiar” a aquel que está incluido dentro de un dispositivo que depende del Estado.
Del Estado o puede ser una ONG, pero sí controlada por el Estado. Como les dije, con
relación al relevamiento que se hizo anteriormente, hubo una disminución de un 28 por ciento
menos de niños sin cuidados parentales. Eso ha disminuido.
La franja etaria que hoy escuchaban hay 10 mil chicos y la mayor franja de los niños
que están sin cuidados parentales es la de 6 a 12 años y significa un 39 por ciento, no es la
franja de 0 a 5 que cuenta con un 24 por ciento, y de 13 a 17 años alcanza un 37 por ciento.
También evaluamos las causas de egreso en las jurisdicciones y la principal es la
violencia y el maltrato con un 52 por ciento como principal causa de ingreso, siguiendo con
un 36 por ciento, la causa “niños abandonados”. También medimos las causas de egreso de
los niños y resultó que un 80 por ciento es por revinculación familiar. Este es un dato para
tener especialmente en cuenta porque quiere decir que tenemos que seguir trabajando
fuertemente en implementación de las medidas de protección integral.
Coincido en que hay que fortalecer el sistema de protección integral para evitar que
los niños sean separados de su medio familiar. Se relevaron los niños que estaban en
instituciones de cuidado residencial, hogares y etcétera o si estaban bajo el cuidado de
familiares. Aparecieron también otras categorías que las provincias tienen que hay que ir
incorporando porque hay que ir respetando la particularidad de cada una de las provincias que
tiene que ver con cómo son y cómo viven. Aparecieron instituciones de gestión mixta entre lo
público y lo privado y también aparecieron dispositivos que ya dependen de salud mental con
lo cual es importante que se incorpore salud mental más activamente al sistema de protección
integral. En cuanto al monitoreo de todas las instituciones se ha avanzado mucho, pero nos
falta. El objetivo es que no puede haber ningún niño, niña o adolescente separado de su medio
familiar, que esté en una institución sin la mirada del Estado. Tenemos que seguir trabajando
con respecto a eso fuertemente.
También relevamos adopciones y –en el período de un año de marzo de 2013 a marzo
de 2014− se habían llevado a cabo 334 adopciones. Se ha avanzado en todas las provincias en
el registro de aspirantes propio y en la adhesión al RUA hay 20 jurisdicciones, aunque aún
faltan algunas provincias por adherir.
Después está el Sistema Integrado de Información de Políticas Públicas de Niñez,
Adolescencia y Familia –el Siippnaf− y el Registro Local de Datos. El Siippnaf es un sistema
que funciona dentro de la Secretaría y que está relevando la cantidad de prestaciones que cada
provincia va haciendo en función de los niños. Estamos avanzando en función de esto. Sólo
nos falta que remita datos una provincia para poder cargarlos en este sistema.
Para ser breve, tenemos que seguir y hay muchos desafíos para seguir afrontando.
(Aplausos.)
Moderador.- Tenemos previsto dejarle un poco más de tiempo a la SENNAF.
Ahora no es a las 16, sino a las 15 y 30 que tenemos que dejar el salón, ya que viene la
Comisión de Minería. No lo teníamos muy en claro. Con lo cual, iniciará Rosa María Ortiz y,
luego, podremos ir a algún otro lugar.
María Ortiz aquí y, luego, lo que queda podemos continuarlo en otro lugar.
Sra. Presidenta.- Disculpen, la verdad es que dicen que la virtud del legislador es su
prudencia, y yo no soy prudente porque tengo mucha indignación porque nosotros no
podemos estar en esta sala por una cuestión de decir qué es importante y qué no. Por eso, está
pasando este hecho de que tenemos restringido el horario. Les pido disculpas enormemente. "2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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Moderadora.- Pese a los apuros, esta mesa estaba pensada en articulación con la que sigue,
que vamos a continuarla en otro espacio.
Tenemos a la doctora Laura Musa y a la relatora de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos para los derechos de la niñez. Quien les habla es Josefina Doz Costa,
representante del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia. Vengo de la provincia
de Tucumán.
Quisiera, por cuestiones de tiempo, darle la palabra en primer lugar a la relatora para
escuchar las cuestiones interesantes que tiene para compartir. Iremos viendo cómo seguimos
con el tiempo.
Sra. Ortiz.- Buenas tardes, es un gusto saludarlos, muchísimo gusto de estar con ustedes
celebrando los 25 años de la Convención de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes.
Muchas gracias a la senadora Norma Morandini, a Nora Pulido del Colectivo y a
quienes están aquí haciendo esta celebración.
Quiero decir que fui invitada a celebrar la Convención en México, en Nueva York y
yo dije que como era del Sur, celebraría en el Sur. Así que estoy con mucho gusto aquí, en
Buenos Aires; también en la reunión del Mercosur vamos a hacer una serie de celebraciones.
Después de tantas intervenciones –realmente me imaginaba que iba a ser así–, me
propuse realizar algo que hizo Jean Zermatten, el ex presidente del Comité de Derechos del
Niño, cuando celebramos también un aniversario de la Convención: recordar por qué fue
necesario un tratado internacional dedicado a los niños. ¿Por qué? Si, de todas maneras, los
niños siempre han sido cuidados por sus padres, en la escuela, etcétera. ¿Fue precisamente
mejorar la protección, la necesidad que llevó a crear un tratado internacional de derechos del
niño o fue algo más? Esas eran las preguntas que se hacía Jean Zermatten en la celebración de
hace dos o tres años en Ginebra.
Si me permiten, recurro a Jean, quien decía que era evidentemente difícil responder a
esta pregunta. Siempre los niños, supuestamente, han sido protegidos; entonces, no haría falta
hacer más, dedicarles una convención por supuesto que sí. Ustedes confirmarán que la
historia está plagada de eventos dolorosos en los que el niño y la niña han sido explotados,
mercantilizados y prostituidos. Pero da la impresión de que no era esa la única razón de crear
un tratado internacional. Más bien, cree, Zermatten, que la razón de la existencia de la
Convención reside, sobre todo, en un cambio radical de percepción del niño, en una nueva
mirada, resultado de profundas modificaciones en las estructuras familiares y comunitarias, a
través de las diversas visiones psicológicas, sociológicas, históricas y jurídicas.
Además, dice que nuestra visión del niño ha cambiado, sobre todo, por tres palabras o
conceptos que él nos ofrece. Uno es la dignidad. De hecho, la Convención no inventa nada,
sólo se refiere al derecho fundamental del hombre como enunciado en el artículo 1º de la
Declaración Universal, que afirma que todo ser humano nació libre e igual en derechos y
dignidad; pero esto no debe ser sólo una formalidad. Cuando se reconoce al niño como
persona, la primera consecuencia para un Estado es admitir que esta persona, aunque
pequeña, tiene derechos normales que son ligados al hecho de que ella existe y que nadie se
los puede quitar.
Por lo tanto, la perspectiva de derechos humanos está enteramente basada en este
reconocimiento del valor como persona o personas, porque el concepto también va
cambiando del singular “persona” al colectivo “personas”.
La Convención, como bien lo saben, no dedicó un artículo a la dignidad, como
podríamos haber imaginado, pero su Preámbulo sí se refiere explícitamente a la dignidad y al
valor de la persona humana. Entonces, lo interesante no es solamente constatar que el
Preámbulo de la Convención hace declaración de fe, sino más aún que el reconocimiento de "2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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los derechos personales del niño lo coloca en una posición históricamente nueva. El niño y la
niña tienen derechos y libertades civiles que trascienden el acceso a los cuidados o servicios
de protección. Creo que es importante ese aporte, porque enmarca un paradigma nuevo, no es
sólo mejorar el sistema de protección.
“Desarrollo” es el segundo concepto. Reconocer al niño como persona puede ser
posible únicamente si admitimos que esta persona, niña o niño con derechos, tiene también
una necesidad de cuidados particulares y específicos que se transforman progresivamente, lo
cual exige una respuesta adaptada a esa transformación, según la edad y la madurez del niño.
La Convención, entonces, trata así un doble desafío: el de considerar la noción de
desarrollo del niño, que no se limita a la psicología del desarrollo y que implica también el
gozo progresivo de los derechos, y considerar al mismo tiempo el concepto de
responsabilidad parental y obligaciones de los adultos hacia los niños.
Además, ella implica considerar la realidad evolutiva, pues es un dato objetivo del
desarrollo del niño.
Los legisladores de la convención inventaron felizmente el concepto de capacidad
evolutiva del niño, que permite comprender esta aparente contradicción y hacer operacional
esta doble exigencia. ¿Por qué es importante este concepto de desarrollo en una discusión
como la del día de hoy? Porque, hablando de desarrollo, vemos más allá del cuadro individual
de las familias, para abordar el tema de la pertenencia del niño a la comunidad y al Estado.
Así, considerando la cuestión del desarrollo individual del niño, no podemos ignorar el
desarrollo del grupo colectivo de los niños. Hacemos, entonces, referencia –lo que no es mera
casualidad– a la obligación de los estados hacia los niños.
La convención no mencionaba explícitamente la dignidad, salvo en el prólogo. Aquí,
la convención no puede ignorar las necesidades, y sanciona una obligación: la de los estados,
al ratificar la convención, asegurando en toda la medida de lo posible la sobrevivencia y el
desarrollo del niño. No se trata, por tanto, de un mínimo a ser respetado, pues los estados
deben tomar todas las medidas para alcanzar el objetivo de un desarrollo armonioso de los
niños y de cada niño de un grupo o colectivo. El Comité de los Derechos del Niño siempre ha
interpretado ampliamente este término, desarrollo, y utiliza un concepto holístico que incluye
tanto el desarrollo fisco, psíquico y social del niño. Así, las medidas a ser tomadas por el
Estado deben también ser integrales, enfocando en el derecho óptimo de la persona, niño o
niña, titular de derechos.
El tercer concepto es el del diálogo. El tercer elemento que contribuyó con el cambio
de nuestra percepción del niño fue que en el siglo pasado se le dio la palabra a quien durante
milenios permaneció mudo. Quien conoce francés, el que habla francés, sabe que enfant viene
de eso. Parece ser que la palabra infante o enfant viene de carencia de la palabra. Entonces,
quien durante milenios permaneció mudo, encontró su voz. Ésta no sólo debe ser acogida,
pero escuchada. El niño adquirió el derecho de decir. La convención tradujo al derecho esta
evolución manifiesta introduciendo el artículo 12, que reconoce la capacidad de
discernimiento de los niños y niñas y el derecho de expresarse sobre la decisión a ser tomada,
e impone al decidor tomar en cuenta esta opción. Es más que dar la palabra; es
verdaderamente permitir ejercer una influencia sobre sus propias vidas. Si vamos más allá y
pensamos que los niños y niñas tienen también algo que decir cuando el legislador se propone
pasar las leyes, se vuelve claro que no es sólo el destino individual de un niño el que está en
juego, sino el futuro de los niños del planeta.
La convención no se refiere a la palabra "diálogo". El término "participación" ha sido
utilizado a menudo. Al darle la palabra al niño y permitirle influir en las decisiones, la
convención colocó al niño en una posición diferente del simple participante. Él es, de hecho, "2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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un actor real, que no es sólo un emisor de sonido, sino también un ser reconocido como capaz
de expresar una opinión llena de sentido, a pesar de su edad; una opinión que no solamente
debemos acoger, sino también escuchar y considerar. Es, entonces, una postura diferente de la
participación: es el niño que comunica, que dialoga. Evidentemente, con niños que se
expresan, entramos en nuevas relaciones, a las cuales nosotros, los adultos, debemos
adaptarnos, y los estados deben confirmar que esto ocurra a través de las diferentes medidas
de implementación de la convención. De ahí viene, a mi parecer –dice Zermatten–, la idea de
promulgar una convención el 20 de noviembre de 1989. La convención representa un giro en
la historia de la niñez y resalta la importancia de valorar lo que nos ofrecen los más pequeños,
los más jóvenes, a nuestras sociedades.
Todos sabemos que la Argentina tuvo un rol fundamental en la elaboración de la
convención, no solamente en el los artículos 7° y 8° de la convención sobre el derecho a la
identidad, que siempre todos recuerdan a la Argentina y le agradecen, ya que gracias –entre
comillas– a la dolorosa situación que pasaron en la Argentina, y no sólo en la Argentina, pero
que la Argentina supo de allí sacar algo positivo para todos los niños, es que introduce el
tercer elemento de la identidad. Ya no son sólo el nombre y la nacionalidad los elementos de
la identidad; se incluye el vínculo familiar como el tercer elemento de la identidad. Eso
realmente cambia muchísimo para muchas familias, para muchos niños.
Con esta introducción, parece más fácil entender el carácter preventivo que introduce
la Convención sobre los Derechos del Niño a la atención a la infancia y el aporte que da este
carácter preventivo a toda la sociedad, en el entendido de que lo que es bueno para los niños,
es bueno para todos. En ese cambio de paradigma de la protección del menor, como eran las
leyes que ya existían, a la promoción y protección integral de derechos, es un mundo de
diferencia. Realmente, no sólo la Argentina, pero las diversas culturas de nuestro planeta han
aportado para esta convención y siguen aportando, porque los derechos humanos son un
proceso continuo. Es así que ahora esta misma convención ya tiene 3 protocolos, que todos
conocemos –no voy a mencionarlos porque el tiempo es corto–. La convención sí recoge lo
mejor de las culturas, de las religiones, de los diversos sistema políticos y económicos, y lo
que es claro es que todos los derechos reconocidos para los seres humanos son derechos
reconocidos para los niños y niñas también. Entre ellos, los derechos y libertades civiles, y
también los derechos económicos, sociales y culturales, que están dando un salto cualitativo
en cuanto a su exigibilidad a los estados.
Ahora voy a hablar un momentito de la Comisión Interamericana y cómo también,
siguiendo este mismo impulso, decidió crear una Relatoría Especial sobre los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, de manera que no sea sólo la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión, que es sumamente importante también, pero que también los derechos
económicos, sociales y culturales adquieran la misma relevancia.
Para la adecuación a esta convención y sus protocolos, por supuesto que el sistema
internacional, así como el sistema interamericano de derechos humanos, han hecho esfuerzos
para poder garantizar esos derechos. Me voy a limitar solamente a mencionar un comentario
general, porque ustedes saben que el comité, aparte de los informes periódicos y las
recomendaciones, también tiene los comentarios generales, que justamente son la
interpretación de la convención y los protocolos, y son también la manera de crear estándares,
además de recomendar a los diversos estados. Pero los comentarios generales son para todos;
y este comentario general es el que va más vinculado con el tema de los sistemas nacionales
de promoción, de protección integral de derechos.
Recomienda el comité las medidas legislativas, administrativas, las políticas públicas,
que se cree una estrategia, un sistema y la instancia de coordinación que suple a la famosa "2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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instancia de órgano rector, siendo que este término –órgano rector– no invita a la
coordinación, sino da la impresión de que los otros deben venir a someterse a aquel órgano
que rige todos los derechos del niño. Por eso, el Comité prefiere utilizar el término órgano de
coordinación para que se sume a todos los sectores del Estado porque no hay un solo sector
del Estado que no esté involucrado con hacer algo a favor del niño.
Como bien lo saben esto no viene solo, trabajar la prevención no es sólo actuar una
vez que el niño cae del sistema familiar o escolar o entra en conflicto con la ley que es lo que
hacían las anteriores leyes de minoridad, sino que está sobre todo para asegurar y garantizar
todos sus derechos. Es decir, la convención hace un cambio radical en ese enfoque principal
en la prevención y como ante el fracaso de este sistema de prevención habrá siempre niños
que caigan del sistema familiar cada vez serán menos, pues se requiere también tener en los
sistemas de protección, pero el énfasis principal se da en la selección.
La institución independiente de derechos humanos está suficientemente mencionada
ese plan nacional de acción deben incluir los planes sectoriales fundamentales, la recolección
de datos es muy importantes, como señalaron anteriormente y se puede saber si se está
atrasado o estancado o se está avanzando en las garantías de derecho es un tema de
preocupación del comité y le está dedicando también un comentario general al respecto, la
capacitación y difusión de todos los actores involucrados y la participación de la sociedad
civil de los niños y niñas en los medios de comunicación.
Cada uno de estos temas da para una conferencia, pero seguiré rápidamente. La
Convención Interamericana para sumarse ante toda esta movilización mundial aquí en la
región de América Latina y el Caribe, a pesar de que la comisión también incorpora a
América al Norte, pero Estados Unidos, como ustedes saben, todavía no ha ratificado la
convención pero eso obliga a la Comisión Interamericana a introducir estos temas y a
introducir que llegue a ratificar esa convención. ¿Cómo acompañó la comisión? Creó una
relatoría sobre derechos de niños, niñas y adolescentes y también ha introducido estos
informes temáticos que tratan, sobretodo, el tema de violencia porque primero porque nuestra
región es la región más violenta en el mundo. Por más que las noticias nos digan que las
guerras están en otras partes, en nuestra región más mueren personas, donde más homicidios
se realizan y donde más impactan, sobre todo, en los adolescentes y en los jóvenes y en
aquellos adolescentes y jóvenes que son indígenas, negros o de sectores excluidos o
migrantes.
Por lo tanto la violencia no podía pasar desapercibido a la convención y, además, se
sumaba así a la representante especial del secretario general de Naciones Unidas para luchar
contra la violencia contra los niños. Así esta relatoría creó estos informes sobre el castigo
corporal, justicia juvenil y sobre el derecho del niño y la niña a la familia para poner fin a la
institucionalización en las Américas. Encontrarán esos informes en ese link.
A través de otros mecanismos de peticiones y casos también trabaja la comisión pero
no es el más importante. También trabaja en medidas cautelares que, si bien no son muchas,
se solicitan como 600 medidas al año y se otorgan más o menos el 10 por ciento y muy cosa
se refieren a niñez y adolescencia. También están las audiencias temáticas que quizás ustedes
conocen un poco más. Las audiencias temáticas se realizan en los meses de marzo y octubre y
en esas sesiones las audiencias son públicas y se transmiten por la página Web. Allí la
comisión vibra con la presentación de los principales problema de la región. En la página
Web de la comisión pueden encontrar todas las audiencias para compartir qué es lo que pesa
más en este momento como preocupación en la región.
También, tenemos los comunicados de prensa que parecen poca cosa, pero un
comunicado de prensa de la comisión impacta a las autoridades que se ven preocupados de "2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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que la comisión empiece a echar el ojo en ciertas situaciones y, además, al hacer un
comunicado también la comisión se compromete a realizar otras actividades para encarar ese
problema También la comisión tiene una función que le otorga la convención americana que
le permite pedir información sobre cualquier tema cualquier momento a cualquier Estado. Lo
cual, sumándose al sistema del Comité de Derechos del Niño que es informes periódicos este
pueda complementar ese sistema introduciendo la preocupación a los Estados en cualquier
momento. Y las visitas oficiales y no oficiales, como esta que estoy haciendo que es no
oficial, pero que siempre es útil para conocer nosotros lo que ustedes están implementando en
su país y las dificultades que encuentran y también para hacer conocer lo que hace la
comisión. Por supuesto, no es sólo la comisión el único órgano del sistema interamericano; el
más conocido es la Corte porque con sus sentencias y opiniones consultivas las que tienen un
peso obligatorio para los Estados, también crean jurisprudencia y establecen los paradigmas
con más fuerza.
Rápidamente mencionaré algunos de los casos: “Instituto de Reeducación del Menor
versus Paraguay, sobre las condiciones extremas de detención de niños”; el caso “Vargas
Areco, sobre reclutamiento forzado de menores de 18 años”; el caso “Contreras y otros versus
El Salvador”, sobre niños y niñas desaparecidas en el conflicto armado; el caso “Atala Riffo y
otros versus Chile”, sobre el retiro de la custodia de sus hijas a una madre por su orientación
sexual, el derecho de las niñas a no ser discriminadas por ninguna condición social de sus
padres y la incorporación del alcance de la prohibición de discriminación del artículo 2 de la
Convención y de la Convención Americana; el caso “Fornerón e hija y otros versus
Argentina”, sobre el derecho a la familia, a la identidad, a la celeridad en los procedimientos
de determinación de guarda y custodia de un niño, principios de excepcionalidad y
temporalidad de toda separación de un niño o niña de su familia biológica; el caso “Villagrán
Morales y otros versus Guatemala”, sobre situación de niños en calle, secuestro, tortura y
muerte de jóvenes y adolescentes que vivían en la calle en Guatemala; el caso “Servellón
García y otros versus Honduras”, sobre las condiciones degradantes de detención de las
víctimas adolescentes por parte de agentes policiales y el caso “Mendoza y otros versus
Argentina”, sobre prisión y reclusión perpetua de adolescentes. Esas son sentencias y las van
a encontrar en el link.
Pero la Corte tiene también función consultiva y es así como en lugar de hacer una
Convención Interamericana de Derechos del Niño se le pidió a la Corte una opinión
consultiva sobre la condición jurídica y derechos humanos del niño. La Corte incorporó
corpus iuris todas los instrumentos internacionales de derechos del niño que existen a nivel
internacional y que los reconoce como parte del sistema interamericano, la Opinión
Consultiva 18 sobre los derechos de los migrantes indocumentados que también trata de la
niñez y esta más reciente que fue solicitada por los países del Mercosur sobre derechos y
garantías de niños y niñas en el contexto de la migración y/o en necesidades de protección
internacional. Vino como anillo al dedo ahora para los niños migrantes solos a Estados
Unidos y justo aparece esta opinión consultiva con unas consideraciones espectaculares que
nos han servido muchísimo para determinar lo que debe hacer los países involucrados.
La comisión no solamente hace informes y esto que mencioné, muchos otros casos
que toma la comisión no llegan a la Corte, sino que se resuelven por soluciones amistosas y
hay también recomendaciones, sólo que son tantas que no las traje, pero ustedes pueden entrar
a conocerlas, porque es también una manera de aportar estándares.
Finalmente, respecto de los sistemas nacionales, tratando de complementar lo que
ustedes muy bien expresaron en el día de hoy, me gustaría hacer algunos pequeños
comentarios: toda la región de América Latina, en el mundo, es la región que más rápida y "2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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seriamente se dedicó a adecuar su legislación y su institucionalidad a la Convención de los
Derechos del Niño.
Muchas veces pensamos –hoy lo escuché– que la Convención nos ayuda a ponernos a
la altura de los demás países. Sin embargo, debo señalar que es lo contrario, porque los países
considerados más avanzados hicieron esta Convención pensando, efectivamente, que era para
otros países y recién después se dieron cuenta de que también ellos tenían mucho que cambiar
en este nuevo paradigma.
Por eso, la región de América Latina –que cuando se aprobó esta Convención
terminaba sus conflictos armados en Centroamérica y sus dictaduras en Sudamérica; había
una genuina opción por la democracia– adoptó esta Convención con mucho interés y,
realmente, hizo un esfuerzo muy grande por adecuar la legislación. Es por eso que somos, en
el Comité de los Derechos del Niño, la región más pionera.
El hecho de que los niños sean oídos –la participación– suena rarísimo en Europa. Sin
embargo, para nosotros, durante la dictadura, la participación era una doctrina sagrada, la
educación participativa, Paulo Freire, etcétera. Todo eso se refleja en la facilidad con que, por
lo menos, se incorporó.
Todavía es un desafío pendiente el diálogo entre hijos y padres; en la escuela, el
diálogo entre adultos y niños; con la policía; en las instituciones, etcétera. Todavía tenemos
muchas tareas pendientes, pero el concepto está claro, instalado y las propias organizaciones
de niños y adolescentes, que ya nos lo van a demostrar, que fueron a la comisión a
Washington a presentar los problemas en la región en materia de justicia juvenil y el trato que
reciben los adolescentes es algo que sobresale.
Lo digo para que nos dé ánimo para avanzar, porque lo que logramos, aunque nos
parezca poco, sirve para Asia, África y Europa, aunque no lo creamos.
El ECA, el Estatuto de Crianzas y Adolescencia de Brasil fue el modelo para nuestra
región, que también fue fruto de una gran demanda ciudadana, de mayor participación
ciudadana. Justamente, nos ofrecieron como un modelo de sistema de protección integral muy
interesante, donde no solamente está el Consejo Nacional en paridad entre la sociedad civil y
el Estado, sino que –lo más importante a nivel local– es donde están los niños y sus familias.
Es lo que conviene y debemos fortalecer, es decir, estos consejos tutelares para atender la
protección y los consejos de derechos para hacer la articulación y elaboración de políticas.
Toda construcción siempre tiene que ser evaluada con el tiempo y mejorada. No
quiere decir que en Brasil se acabaron los problemas ni mucho menos, pero hay que
reconocer lo que es útil y está bien encaminado y enfocado. A partir de allí, las políticas
públicas son más fáciles de implementar, porque tienen una claridad de conceptos instalados.
El resto de la región hizo más o menos su tarea, algunos en forma de maquillaje
cambiaron el nombre como INAME a INAU y reconoció al niño como sujeto de derecho;
pero, aparte de eso, hoy en día están sufriendo el no haber hecho los cambios que se debían
hacer.
Más o menos, en el resto de la región se realizaron las tareas tratando de lograr una
adecuación; pero, como saben, lo viejo muy fácilmente se instala en las estructuras nuevas y
esas estructuras, si no son sólidamente instaladas, sucumben ante las viejas prácticas.
Para concluir, señalaré los desafíos pendientes: el diálogo. El nuevo contrato social es
el diálogo, que deja mucho. Eso no va a venir solo, requiere políticas con presupuesto, datos y
mecanismos adecuados, como bien se dijo. La participación protagónica: si bien es pujante, si
bien estamos adelante de todo el resto del mundo, nos quedan todavía grandes desafíos para
que esos mecanismos aseguren la participación. La articulación: como relatora de los
derechos del niño les digo que, recorriendo desde Canadá hasta el Sur, no es por falta de "2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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recursos humanos, recursos económicos, instituciones, leyes, etcétera, sino que el principal
problema es, sobre todo, la falta de articulación.
El desafío principal es aprender a trabajar juntos en todas las instituciones del Estado
en los diversos niveles y la sociedad civil en primer lugar.
Ningún Estado es capaz de resolver los problemas por sí solo. Es la sociedad, la
familia, la comunidad, la escuela, son las organizaciones de la comunidad las que van a hacer
posible que, por ejemplo, la policía que con la idea de mano dura vaya a encarar los
problemas que tanto preocupan a la sociedad, como es la inseguridad. Vemos, por ejemplo,
en Brasil cómo la policía pacificadora en Río de Janeiro que logra quitar y desarticular al
crimen organizado en lugares específicos donde estaban fuertemente instalados, fracasan
cuando el resto del Estado no la acompaña. Entonces, muy pronto, esa policía y la corrupción
reasumen esa relación coercitiva con la población. Estos son sólo algunos ejemplos.
Otros ejemplos sobre la falta de articulación es lo que vimos también con relación a la
administración del Ejecutivo, el Poder Judicial en el tema de adopciones.
Lo siento, tenemos que terminar, pero con gusto.
La comisión está abierta y quiere crear también un informe sobre los sistemas. Así
que, próximamente, vamos a visitar de nuevo la Argentina para aprender con ustedes y para
ver si podemos, entre todos, dar énfasis a la importancia de los sistemas de promoción y
protección integral. (Aplausos.)
Moderadora.- Nos mudamos aquí al lado, me dicen en el atrio, y seguimos con el resto de
los paneles.
Sra. Presidenta.- Les quiero agradecer e informarles que vamos a tener continuidad en el
salón contiguo; de eso se trata. Les agradecemos a todos y pedimos disculpas.
DETRAS DE CADA TRAMITE HAY UNA NECESIDAD O UN DOLOR, UN DERECHO Y TODA DEMORA OCASIONA UN PERJUICIO
