PERGAMINOS Y MISERIAS
El gobierno argentino propone un juez
para la Corte Interamericana de Derechos Humanos
El gobierno argentino liderado por
Cristina Fernández de Kirchner quiere poner un juez en la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. El candidato es el exjuez, jubilado de la Corte Suprema,
Eugenio Raúl Zaffaroni. El organismo se compone de jueces de los Estados miembros
de la OEA, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad
moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos.
Quienes conocen la controvertida
trayectoria del exjuez, se interrogan: ¿acaso una conducta intachable no
debería ser condición ineludible para ocupar un cargo en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos? De serlo, pende de un hilo deshilachado su
elección. Por empezar, el artículo cuarto del Estatuto estipula que el
candidato debe cumplir las mismas condiciones exigidas por la Ley del Estado
que lo postula como candidato. En el caso de Zaffaroni 1) se lo impide su edad:
según la ley argentina, un juez debe abandonar su cargo al cumplir 75 años y
esa fue la razón de la renuncia de Zaffaroni a la Corte Suprema de su país.
2) Pero no se trata sólo de un límite
cronológico. Su pasado es comprometedor: 2) Juró por los estatutos de dos
dictaduras, incluido el de la Junta Militar que ordenó ejecutar a miles de
desaparecidos durante los años 70. Y pese a ser hoy considerado un adalid de
los derechos humanos, 3) jamás firmó un habeas corpus que hubiese permitido
salvar una vida durante esos años oscuros. 4) Omisión refrendada por las Madres
de Plaza de Mayo, quienes incluyeron a Zaffaroni en una lista de 437 jueces que
oficiaron de cómplices de la Dictadura.
Su historial como juez en ejercicio
no es menos asombroso aunque ideológicamente explicable. 5) Sus interpretaciones
reñidas con la ética conforman una antología de la perversión: en el juicio a
un encargado de un edificio que forzó a una niña de 7 años a una “fellatio”, el
juez adujo que la luz apagada era un atenuante. En otro fallo escandaloso
resolvió que un robo a mano armada perpetrado con un arma blanca no es
considerado delito porque “un cuchillo no es un arma”. En otro de sus fallos
dictaminó que un auto estacionado es una "cosa perdida o abandonada por su
dueño" (ya que el dueño no estaba presente) y por ende el delincuente no
habría incurrido en robo, sino en "apropiación indebida". Y en el
allanamiento de un laboratorio de droga donde requisaron elementos probatorios
como balanzas, droga, un molino y los dediles, dictaminó que no debía ser
considerado un local de venta de droga puesto que no se encontraba en el lugar
comprador alguno.
Cuando se desempeñó como juez de la
Corte Suprema de Justicia, sólo estuvo presente cuando su alineación con el
oficialismo lo requería, pues sus conferencias le impidieron cumplir con sus
obligaciones. Tal vez esa negligencia explique por qué se considera al juez
responsable de que la Argentina sea el único país que aún no tiene un régimen
de responsabilidad penal juvenil –tal como lo dispone la Convención de los
Derechos del Niño– y los jóvenes sobreviven en un limbo legal regidos por un
decreto de la Dictadura. Pese a que la bandera de los derechos humanos es el
mascarón de proa del gobierno y del juez, sólo un 9% del presupuesto asignado
fue ejecutado para el mejoramiento de cárceles superpobladas, donde los presos
conviven en condiciones infrahumanas. La escalada del narcotráfico va
acompañada de una progresiva naturalización de las mafias donde florece la
justicia por mano propia y la venganza privada.
En
el plano personal, el juez debió regularizar su situación de infractor a la ley
tributaria para poder ser designado en la Corte Suprema de Justicia. Y desde
siempre, tuvo conflictos con la ley penal: el juez alquilaba sus propiedades a
una red de 10 prostíbulos. Prestigiosas ONG denunciaron esta actividad ilegal
ante la Procuración General de la Nación. Pero dado que el juez había delegado
la administración de sus alquileres en su pareja, Ricardo Montiveros, éste se
declaró culpable de violar la ley de profilaxis sobre las casas de tolerancia,
y pagó una irrisoria multa con lo cual logró regularizar la situación.
Por
último, no puede soslayarse su ideario orientado a la abolición del sistema
penal. Corría 1989 cuando Zaffaroni lo calificaba de utopía. Pero según señalaba
el autor, entiéndase por “utopía” no un ideal irrealizable, sino un ideal a
realizar. Veinticinco años tras ser pronunciada esa sentencia, ese ideal se
realizó en la Argentina. El costo de ese experimento social utópico, fueron
miles y miles de vidas sacrificadas en aras de ese ideal. Vidas de jóvenes
victimarios y víctimas. Su autor intelectual e instigador es el Dr. Zaffaroni,
un exjuez con tantos pergaminos como escasas dotes para legitimar su
nombramiento para un organismo que vela por los derechos humanos. Esos derechos
humanos conculcados en una Argentina que día a día, llora a sus muertos por la
desidia judicial. Esperemos que la comunidad internacional y la Corte
Interamericana nos devuelvan el sentido genuino de los derechos humanos.
Diana
Cohen Agrest es Doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y
ensayista.
DETRAS DE CADA TRAMITE HAY UNA NECESIDAD O UN DOLOR, UN DERECHO Y TODA DEMORA OCASIONA UN PERJUICIO
