Tenemos el nuevo Código, ¿y ahora qué?
por Gebhardt, Marcelo
El nuevo Código Civil y Comercial y el desafío de los
tiempos cercanos. Seguirán por un tiempo las cavilaciones y polémicas
referentes a ciertos modos secundarizados de los procesos legislativos
precedentes a la sanción de este importante cuerpo legal. Mucho podríamos
lamentar la ausencia de un proceso genuino de debate y de consensos, pero el
miércoles 1 de octubre la Cámara de Diputados de la Nación completó la sanción
del Código Civil, que ya contaba, desde 2013 con la del Senado. El Poder
Ejecutivo lo promulgará y el Código Civil entrará en vigencia poco más de un
año después (el 1° de enero de 2016), previa su publicación oficial como es
menester. Ésta es la realidad.
El nuevo Código ha suplantado los dos que antes nos regían
(el Código Civil y el Código de Comercio) desde hace casi un siglo y medio. Y
esto no parece reversible por ninguna de las circunstancias políticas e
institucionales venideras. No es imaginable, al menos hoy, que las nuevas
autoridades políticas que se instalen en el Gobierno nacional a partir de
diciembre de 2015 tengan voluntad de derogar el nuevo cuerpo normativo. Por
mucho que los postulantes a tales cargos han hecho oír sus quejas por ciertos
aspectos de la génesis y trámite legislativo, no se los ha escuchado contrarios
a la idea general de cambiar los códigos decimonónicos reemplazados, ni se los
ha oído levantar más que críticas a aspectos puntuales.
Las corporaciones de la vida jurídica argentina parecen
acusar el golpe más por no haber protagonizado los cambios y tener que asumir
esta nueva realidad normativa (lo que sacude la natural resistencia a las
novedades, a veces inducida sólo por la pereza), que porque las nuevas
disposiciones sean inapropiadas u objetables.
En suma, lo que nos queda a la comunidad jurídica y
académica es un desafío descomunal para aprender primero las nuevas normas;
interpretarlas luego extrayendo de ellas su nueva sistematización y pautas
científicas generales, para después poder aplicarlas (como abogados, jueces y
otros operadores jurídicos); y finalmente enseñarlas a las nuevas generaciones
que ni siquiera tendrán en sus anaqueles aquellos venerables códigos derogados.
Esta reflexión tiene un colofón sencillo: se debe trabajar,
de inmediato, en la aprehensión de las nuevas normas. E incluye también una
invitación a la comunidad jurídica que consiste en dejar la crítica para el
estadio más alto del conocimiento que propagamos. Encararemos ahora el debate y
el aprendizaje (que se sigue de él), no para refugiarnos en el descontento –y
menos en el desánimo cuestionado por nuestro querido papa Francisco– sino para
que con nuestra ayuda la comunidad pueda vertebrar su vida, en lo que
corresponde, ante estas tan numerosas normas y en tan distintos aspectos de su
realidad. El servicio que debe la comunidad jurídica no es ya la queja sino la
voluntad de orientar a los ciudadanos en el uso y aplicación de las nuevas
normas.
El primer paso es el esclarecimiento, el estudio y la
asimilación intelectual del Código. Ya vendrá el tiempo de propiciar cambios o
ajustes. Toda obra humana es perfectible y no sería sensato renunciar a esas
posibles, pero futuras reformas. En este inicio necesitamos trabajar
orgánicamente las universidades, los colegios profesionales y las instituciones
de la vida civil y de los negocios.
Estas líneas, que puedo definir como un mero reconocimiento
de la realidad modificada tan rotundamente por la reforma, son una invitación,
con cierto apremio, a formar ámbitos de esclarecimiento, estudio y formación
para que el propósito de la ley de operar en la relaciones civiles y comerciales
sea rodeado de seguridad jurídica y de la preservación de los derechos de los
ciudadanos, para lo cual el conocimiento es insoslayable.
Alguna vez se dijo que sin abogacía no había derechos. Hoy
–para que la abogacía cumpla tan ilustre objetivo– necesita penetrar en las
nuevas normas, debatir sus alcances, indagar sobre sus proyecciones. Avancemos
entonces. Reunámonos en ateneos, formemos grupos de estudio y, entre tantas
cosas, espacios de debate multidisciplinarios. Convoquemos prontamente a nuestra
comunidad profesional y civil a sumarse a esta invitación a responder con la
altura que merecen nuestros ciudadanos el desafío que se nos plantea.
El autor es Profesor titular de la UBA y Decano de la
Universidad de San Isidro Dr. Plácido Marín.
DETRAS DE CADA TRAMITE HAY UNA NECESIDAD O UN DOLOR, UN DERECHO Y TODA DEMORA OCASIONA UN PERJUICIO
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