"El gobierno provincial sólo sabe sobre narcotráfico por lo que le cuenta la policía"

Lo aseguró Enrique Font, ex secretario de Seguridad Comunitaria provincial de la gestión del exgobernador, Hermes Binner, y profesor de Criminología en la UNR. Font dice que hay funcionarios que ni saben dónde están los barrios.

Agenciafe/La Capital |

Font Enrique

Búnkers, balazos, connivencia policial, soldaditos, crímenes. Este enero, las crónicas periodísticas sobre narcotráfico estuvieron saturadas por estas palabras. Algunos actores, como la intendenta Mónica Fein, pidieron que también se sumen otras expresiones e investigaciones como la del "camino del dinero". Y el Movimiento Giros y el padre Daniel Siñeris, de Nuevo Alberdi, aludieron a la "situación patrimonial" de todos los eslabones de este mercado delictivo que no es exclusivo de los sectores más vulnerables y marginales de la ciudad. ¿Quién provee autos o inmuebles de alta gama a los soldados que viven en barrios pobres? ¿Quién los protege? ¿De dónde sale el dinero para pagarles abogados carísimos? El ex secretario de Seguridad Comunitaria y profesor de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Enrique Font, da algunas respuestas y critica duramente a la Justicia y al gobierno provincial por cómo afrontan el tema. "Sobre narcotráfico el gobierno provincial sabe sólo lo que le cuenta la policía", disparó Font. Y hay más.

—¿Tan difícil es llevar adelante una investigación patrimonial de los eslabones de esta red de narcos?

—Una investigación patrimonial implica aceptar garantías constitucionales, sólo se puede llevar adelante en el marco de una medida judicial, lo que no implica que un Ministerio de Seguridad provincial o nacional no manejen información criminal que, obviamente, deben construir sin violar garantías constitucionales. No pueden hacer escuchas telefónicas por fuera de una causa, pero sí pueden colectar información a través de fuentes fiables que surgen del territorio. Hay dos lógicas: una de arriba hacia abajo, siguiendo el circuito del dinero, que implica tener una política sobre el lavado de dinero, de ataque a la evasión impositiva, donde obviamente si se afectan esos canales se atacará el dinero de la droga pero también el proveniente del desarrollo inmobiliario de Rosario, entre otros. La otra lógica es la investigación patrimonial a través del conocimiento del fenómeno delictivo. Entonces, si como Justicia federal investigo de manera consistente no me interesa conocer quién vende en este quiosquito, sino en este barrio. Si hay 25 bocas de venta debo preguntarme ¿quién las protege? ¿quiénes las proveen de droga? ¿quiénes proveen a los que proveen? Puede ser que llegue a nombres de familias con arraigo en el barrio y actividad criminal. Una investigación, seria sin mucha complejidad puede llegar a estos escalones y a partir de esto hacer investigación patrimonial: ¿qué propiedades y autos tienen?, ¿a nombre de quién? ¿quién se los vendió? Si aparece siempre la misma concesionaria, es un dato. Si encuentro que los inmuebles que habita el grupo criminal están siempre anotados a nombre de 4 o 5 personas, investigo en el Registro de Propiedad o con el Colegio de Abogados para ver de dónde sale el dinero para pagar a los profesionales. Este es el primer paso para investigar a los empresarios más visibles, el tercer escalón de la economía de la droga, por ellos pasa el control de territorio, la provisión de la sustancia y el blanqueo del dinero hacia arriba.

—Y los bienes de la policía, ¿quién los investiga?

—Hay que hacer una investigación profunda de los funcionarios policiales. La investigación actual a los jefes de la policía demuestra una deuda impresionante del Poder Judicial porque la investigación administrativa llega a un punto que se judicializa. ¿Cuántas de esas investigaciones que la provincia judicializó, unas 30 desde la gestión de (el ex ministro de Seguridad provincial, Daniel) Cuenca en adelante tuvieron condena? ¿Cuántas están paradas? Una investigación patrimonial es simple: se le dice al funcionario investigado que se tienen tantos bienes y que él cobra determinado sueldo, entonces debe justificarlo. Si no puede se abre la causa penal. En general, en la investigación administrativa en la provincia esto se hace bastante bien pero cuando llega a la Justicia, la hipótesis de que no se puede justificar el patrimonio está presente. Ahora bien, la investigación patrimonial a las familias conocidas de cada barrio que maneja droga no nos lleva a cortar con el consumo. El indicador básico es la tasa de homicidio y hay que cruzarlo con el dato de provisión de armas ilegales, no es difícil investigar quién las provee y vende municiones. Pero si el ministerio político no impulsa la investigación....

—Eso suena a crítica....

—La provincia, a través de su Ministerio de Seguridad, debe tener información propia del fenómeno de narcocriminalidad en los barrios e hipótesis claras de todo en cuanto a los homicidios: quién mata a quién, dónde, cómo y por qué. El gobierno provincial no lo sabe. Tiene un área que antes se llamaba Dirección de Análisis Criminal y ahora se llama Subsecretaría de Análisis Criminal que dirige una persona que lo único que hace es pasar data policial a una planilla de Excel. Y eso no es investigación policial. El gobierno provincial no sabe, no conoce en detalle el fenómeno de cada barrio: quién está detrás de eso, quién está en cada barrio, cómo se organiza. ¿Qué sabe? Lo que la policía le quiere contar, no tiene idea de la dinámica de los homicidios.

—¿Con qué otras fuentes debería trabajar?

—Con fuentes propias, otras áreas de gobierno, organizaciones sociales; debería tener estudios cuantitativos y cualitativos propios para entender dónde está el fenómeno. O sea, le pregunta al zorro que cuida al gallinero dónde están los huevos. Hay funcionarios de Seguridad en cargos de importancia que ni saben dónde están los barrios. Les decís el nombre de alguien vinculado a una banda y no saben quiénes son, esto es oficio. Si tuviera esa información propia, el gobierno podría sentarse con los jueces a pedir o exigir estrategias de persecución penal más coherentes. Pero además, si no se reforma la policía tampoco se puede hacer política criminal. A la policía hay que controlarla y dirigirla, no sólo darle órdenes. Y para que funcione hay que empezar a reformarla.